El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas presentadas contra la propuesta de su reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentada por PSOE y Unidas Podemos, para limitar sus atribuciones en funciones.
Las enmiendas a la totalidad fueron presentadas por PP, Vox, Ciudadanos (Cs) y Junts per Catalunya (JpC) y buscaban sustituir la propuesta para devolver a los jueces la elección directa de 12 de los 20 vocales del CGPJ, como se hacía en 1980.
PSOE y UP han insistido en la necesidad de que el PP ceda y se siente a negociar la renovación de la cúpula judicial, que se encuentra en funciones desde el año 2018.
Un único candidato por puesto
Mientras tanto, el Pleno del CGPJ ha nombrado este jueves a los presidentes de las audiencias provinciales de Cantabria (reelegido José Arsuaga Cortázar), Granada (José Luis López Fuentes, que repite en el cargo), León (se ha vuelto a designar a Ana del Ser López ), Navarra (José Julián Huarte Lázaro será el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Navarra, cargo en el que sucederá a Esther Erice Martínez), Baleares (se ha reelegido a Diego Jesús Gómez-Reino) y Ciudad Real (María Jesús Alarcón Barcos, elegida por tercer mandato consecutivo), así como al presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Antoni Oliver, reelegido para el cargo).
Estos nombramientos se han realizado para puestos a los que se ha presentado un único candidato, y han salido adelante por 18 votos de los 21 posibles, y con los votos en blanco de los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Carlos Rojas y Edmundo Bal, por PP y Ciudadanos respectivamente, criticaron que el Gobierno haya pedido habilitar enero en el Congreso para tramitar por la vía urgente la reforma del CGPJ y no lo haya hecho para temas de lucha contra la pandemia.
En un informe, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria considera que "la propuesta supone un verdadero fraude de ley" y añade que es obvio que tiene la finalidad de eludir el informe del CGPJ, porque si se hubiera optado por la vía del proyecto de ley, por donde de ordinario se encauza la actividad legislativa del Gobierno, éste habría tenido que pedir dichos informes, que no son obligatorios con las proposiciones de ley.
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