El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió, en la apertura de las XXVII Jornadas Centrales de Derecho de Familia, la "función social clave" de los profesionales que ejercen su labor en esta disciplina, por su cercanía a los ciudadanos en situaciones de crisis familiar, sus conocimientos y empatía para atender de un modo integral a las familias inmersas en conflictos o en entornos de vulnerabilidad.
Durante su intervención, el ministro desgranó la importante labor social que desempeña este colectivo, que ha de adecuarse a la realidad "cambiante y diversa" para ofrecer una atención profesional especializada muy necesitada y, en ocasiones, "poco visibilizada", lamentó Campo. En este sentido, llamó a fomentar la cultura jurídica en los ciudadanos, mediante la inclusión de nociones básicas de Derecho en los planes de estudio, que les ayudaría a conocer el trabajo de estos profesionales "y a no sentirse tan perdidos cuando les toca relacionarse con la Justicia".
Juan Carlos Campo emplazó a los abogados de familia a ahondar en el diálogo en torno a las cuestiones que más les preocupan y a conocer las líneas de trabajo del plan Justicia 2030 que prepara el ministro, "el programa de todos" que contará, de manera muy particular, con la mirada de los operadores jurídicos para fortalecer el servicio público de Justicia y garantizar "más y mejor" los derechos de la ciudadanía.
El ministro ha avanzado otras medidas, como el estudio de una norma que "responda y proteja" las diferentes estructuras familiares y la Ley de Impulso a la Mediación, proyectos que requerirán el trabajo conjunto con los representantes sociales, los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios. Campo ha mostrado su confianza "en el diálogo y la profesionalidad para llevar a buen puerto los muchos desafíos que se nos plantean".
El 'Plan 2030'
Entre los ejes de actuación de este Plan, Campo destaca la consolidación de garantías y derechos en el acceso a la Justicia. Además, quiere promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia. La transformación digital, "incrementando la cohesión y coordinación territorial", será otro de los puntos en los que el Ministerio desarrollará su actuación,
El ministro de Justicia subraya la necesidad de actualizar las formas de investigación y enjuiciamiento penal mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto se ha comprometido a someter al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año. La actual norma, que data de 1882, está "desbordada por la realidad procesal" y ha de dejar paso a una nueva regulación, que avance hacia un proceso penal "moderno, democrático y plenamente adaptado".
