La Comisión Europea ha reprendido a España por no adaptar a la normativa española la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales. "Es fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", señala Bruselas.
La Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, los Países Bajos, Portugal y Rumanía por no haber notificado ninguna medida de ejecución de la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales.
Bruselas ha dado un plazo de dos meses a estos países para que respondan al requerimiento y, si no lo hacen, iniciará el procedimiento sancionador con un dictamen motivado.
Todos los Estados miembros tenían que transponer la normativa de la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales a más tardar el 10 de enero de 2020. La Comisión lamenta que "los Estados miembros en cuestión no hayan transpuesto a su debido tiempo la Directiva y los anima a que lo hagan urgentemente, teniendo en cuenta la importancia de estas normas para el interés colectivo de la UE".
"Los recientes escándalos de blanqueo de capitales han puesto de manifiesto la necesidad de normas más estrictas a escala de la UE", señala en la misiva.
"Las lagunas legislativas que existen en un Estado miembro repercuten en el conjunto de la UE. Por ello, las normas de la UE deben aplicarse y supervisarse de manera eficaz para luchar contra la delincuencia y proteger nuestro sistema financiero", añade
Aguas residuales
Por otra parte, la Comisión Europea ya ha iniciado el procedimiento sancionador contra España respecto a las aguas residuales urbanas. Ayer envió el dictamen motivado en el que insta a España a que cumpla los requisitos de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Los Estados miembros de la UE deben establecer un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 equivalentes habitante, y un tratamiento más avanzado para las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 equivalentes habitante en zonas sensibles designadas.
A pesar de algunos avances, no se prevé que España cumpla plenamente sus obligaciones
Las investigaciones de la Comisión revelaron un incumplimiento generalizado de las obligaciones de la Directiva principalmente en grandes aglomeraciones españolas y, en diciembre de 2016, se envió una carta de emplazamiento. A pesar de algunos avances, no se prevé que España cumpla plenamente sus obligaciones.
Por tanto, la Comisión le pide que acelere el cumplimiento. España dispone de dos meses para responder. Si España no actúa en los próximos dos meses, podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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