La Universidad Autonoma de Madrid contará, a partir de ahora con el aula 'UAM-Colegio de Registradores' para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El Convenio será ratificado por María Emilia Adán García, decana del Colegio de Registradores, María Teresa Parra Catalán, vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid, y Fidel Rodríguez Batalla, director general de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles cuenta con un órgano centralizado (OCP) con el que estrecha el cerco al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la compraventa de inmuebles y la constitución de sociedades, fundamentalmente.
El OCP se encarga de realizar análisis de riesgo para poner el foco en determinadas operaciones dependiendo de los intervinientes, las áreas geográficas en las que se localizan y los tipos de actos de que se trate.
Así, cuando un registrador se tope con una operación sospechosa habrá de comunicarla el OCP, que mantendrá durante un plazo de 10 años un registro pormenorizado de todas las operaciones que hayan sido objeto de examen especial.
A continuación, el OCP lleva a cabo un análisis en profundidad con la ventaja de disponer otras comunicaciones de notarios con las que poner en relación. Esto permitirá, según Economía, contar con información más completa.
Una vez completado el análisis, el OCP remitirá, si cree que hay indicios suficientes, las operaciones sospechosas a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Seplac) para que lleve a cabo la investigación.
Por otra parte, el Colegio de Registradores puso en marcha, en octubre de 2018, el Registro de Titularidades Reales, que contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta.
Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.
Dicha Orden Ministerial da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de "titulares últimos o reales" que debe asegurar la cooperación internacional (a través de la plataforma europea de acceso estandarizado) y cuya gestión se concede a autoridades que en los distintos países tienen encomendada la función del Registro Mercantil.
El Registro es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales.
