El Consejo General de Economistas ha planteado diversas propuestas a la reforma de la Ley Concursal, entre la que destaca la limitación y reducción de los privilegios de los créditos públicos en fases preconcursales y concursales, así como crear mayores estímulos de los acuerdos de refinanciación y reestructuración, y ampliar el plazo de blindaje del preconcurso hasta los 12 meses que permite la Directiva comunitaria.
Aboga, también, por aumentar los plazos de la fase de liquidación. El plazo de 12 meses en procedimientos ordinarios y seis meses en los procedimientos abreviados considera este organismo que es demasiado corto.
Por otra parte, se apuesta por la introducción de mecanismos para fomentar la detección temprana y preventiva de la insolvencia antes de que se produzca -ratios económicos, alertas financieras, etc.-. Y, también, por incluir medidas que fomenten y faciliten las operaciones de venta de unidades productivas.
Con respecto a la segunda oportunidad, se pide un procedimiento más sencillo, extenderlo a más supuestos incluyendo crédito público, siguiendo lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio 2019.
En el ámbito corporativo, se demanda circunscribir la gestión de los concursos a los economistas, titulados mercantiles, auditores y abogados por principio de legalidad. "La deslegalización profesional de la Ley Concursal introduce inseguridad para todos los implicados en el procedimiento por la imposibilidad de comprobar la experiencia de los administradores concursales", afirman los economistas.
Concluyen solicitando la implantación de un LexNet en los juzgados de lo Mercantil, único para todas las comunidades autónomas e incrementar el número de estos juzgados.
