
Los ciudadanos comunitarios podrán consultar, a partir de 2021, gracias al Proyecto Imola de interconexión de los Registros de la Propiedad Comunitarios, los datos de cualquier propiedad inmobiliaria en cualquier Registro de la Unión Europea (UE) con un lenguaje jurídico armonizado, gracias al proyecto Imola.
Este desarrollo tecnológico aportará seguridad jurídica, a pesar de que las leyes de cada país sean diferentes e, incluso, registrando figuras que sean legales en el país donde se encuentra el inmueble, pero no en el de Registro.
Así se ha puesto de manifiesto en el V Congreso Nacional de Registradores de España, que esta mañana se ha celebrado en Sevilla. Se trata de un proyecto desarrollado por la Asociación Europea de Registros de la Propiedad (Elra) que, una vez finalizado, contribuirá a facilitar las transacciones inmobiliarias transfronterizas dentro de la Unión Europea (UE).
Elra acaba de entregar el Proyecto Imola a la Comisión Europea, junto con una app para desarrollarlo. "Se trata de un tema que reviste una gran importancia para los ciudadanos europeos y especialmente para los españoles ya que, en el ámbito transfronterizo, España es probablemente el mayor mercado inmobiliario, es decir, el país en el que más inmuebles adquieren los extranjeros", ha afirmado Jesús Camy, coordinador general del Proyecto Imola. Por eso el Colegio de Registradores de España se halla directamente involucrado en este proyecto
Un pilar básico del mercado único
En su intervención en el Congreso, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha destacado el papel de los registradores en el avance tecnológico de la Justicia, explicando que "la creación de un espacio jurídico europeo es uno de los pilares básicos para el fortalecimiento de un mercado único y, dada la importante contribución de los Registros al crédito territorial y mercantil, la interconexión de los Registros europeos es un paso más en el necesario fortalecimiento del espacio jurídico europeo".
María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, ha afirmado que los registradores, "la tecnología es una oportunidad de presente, un aliado que conecta a los registradores con el futuro. Es un medio que nos permite a la administración pública servir de una manera más eficaz y eficiente a los ciudadanos, dando un servicio de excelencia para garantizar los derechos cuya protección la sociedad nos ha encomendado".
También, ha dicho que "el Colegio de Registradores es una corporación dinámica, europeísta, con presencia internacional. Estamos presentes en Elra y en Ebra (asociaciones europeas de registradores de la propiedad y mercantiles) y también en Ipra-Cinder. Además, los registros Mercantiles están interconectados con el resto de los de Europa, a través del proyecto BRIS, cumpliendo las Directivas europeas, como se puede comprobar accediendo al portal e-justice de la Comisión. Participamos e impulsamos proyectos tan importantes como Imola, y trabajamos en la interconexión de los registros de insolvencias".
Bruselas impulsa tecnología punta
Finalmente, Juan González Mellizo, miembro de la Representación de la Comisión Europea de España, ha comentado que en la actualidad, la Comisión está estudiando la Directiva sobre macrodatos, que pretende aumentar las posibilidades de negocio en el mercado europeo.
También, se desarrolla el Observatorio europeo del 'blockchain' para adaptarlo al uso por los Registros. Además, la Comisión, ha señalado, está estudiando la incidencia de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) en la sociedad para realizar los ajustes necesarios en las directivas europeas.
Con respecto al Reglamento de Protección de Datos, señaló el representante de la Comisión Europea, señaló que el Reglamento General de Protección de Datos ha generado una confianza digital esencial para crear una economía de datos. Este Reglamento ha logrado ser tecnológicamente neutro y su cumplimiento se impulsa al uso de la tecnología sin frenarla.
Y, finalmente, sobre la inteligencia artificial, señaló que se trata de la materia más compleja, porque sus aspectos legislativos van más allá de la propia protección de datos. Por ello, la Comisión se plantea la creación de directrices éticas centradas en el servicio a las personas.
Se trata de abrir el campo de las compensaciones por daños provocados por inteligencia artificial, que plantea grandes retos a través de drones y algoritmos, que generan responsabilidad y responsables civiles.