
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, ha anunciado este jueves, la creación de un grupo técnico de trabajo permanente entre su Ministerio y el Consejo General de Graduados Sociales de España, que permitirá a este colectivo participar directamente en la elaboración, modificación e implementación de normas de Seguridad Social.
"Es una colaboración basada en el principio de cogobernanza, que ya venimos ejerciendo con el Ministerio de Justicia y que el Ministerio de Trabajo también se ha comprometido a llevar a cabo", ha destacado el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán Bermejo.
La primera reunión está prevista para septiembre y contará con la presencia directa de la propia ministra, en lo que supone un paso histórico para la cogobernanza en la gestión de la Seguridad Social.
Este nuevo grupo de trabajo, ha afirmado la ministra, servirá para "intensificar la relación entre el Ministerio y el consejo general, para seguir avanzando juntos en el despliegue de todas las políticas y en los servicios que se ofrecen a toda la ciudadanía".
Esta iniciativa responde a una de las principales demandas del colectivo desde la pandemia, como es involucrarse activamente no solo en el despliegue técnico y la gestión, sino en el propio diseño de las normas que afectan al sistema. Por ello, el colectivo aspira a una colaboración más profunda, que la que se da en el grupo de trabajo compartido con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Durante la reunión previa entre el Consejo y el Ministerio, Joaquín Merchán denunciaba los graves problemas a los que se enfrentan los despachos profesionales de Graduados Sociales, especialmente el colapso por la avalancha de notificaciones electrónicas, muchas veces duplicadas e innecesarias, así como la carencia de canales de comunicación eficaces. Esta situación, advirtió, está afectando no solo a los profesionales, sino también al acceso efectivo de la ciudadanía a la Seguridad Social.
Gestión deshumanizada
El Consejo General también, ha advertido este jueves, que la actual planificación digital y la implementación de nuevas herramientas, basadas en una gestión deshumanizada y en interacciones impersonales, junto al uso inminente de inteligencia artificial sin control suficiente, puede suponer un grave perjuicio para el interés general y los principios fundamentales del servicio público. La tramitación exclusivamente electrónica, subrayan, está generando sobrecarga de trabajo y comprometiendo la calidad del servicio.
Merchán ha explicado que "los Graduados Sociales son profesionales colegiados con plena responsabilidad jurídica, al servicio de la sociedad y de las empresas, y que exigen participar activamente en cualquier reforma o innovación digital que afecte al funcionamiento del sistema". Por ello, ha señalado que aunque el colectivo no se opone a la transformación digital, sí denuncia un "modelo tecnocrático sin alma, ni interlocución, que pone en peligro la función social del Estado y la seguridad jurídica de los ciudadanos".
Desde el Consejo General se reclama al Gobierno que se estudie y tramite una "Ley de Eficiencia del Servicio Público de Seguridad Social", orientada a simplificar los procedimientos, acabar con la burocracia online y frenar la vulneración del derecho a la desconexión digital y la sobrecarga de trabajo que padecen los despachos de Graduados Sociales y sus equipos en los últimos años.
Una jornada con motivo del centenario
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias ha organizado, con motivo del centenario de la profesión, una jornada sobre el futuro del sistema público de pensiones, en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón.
La jornada fue inaugurada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, que estuvo acompañada por el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, así como por los vicepresidentes, Juan Fernández y Marcos Oscar Álvarez, y la presidenta del Colegio de Asturias, Beatriz Coto.
En su intervención la ministra manifestó que este colectivo son un "pilar fundamental para acercar la seguridad social a las personas y garantizar los derechos laborales".
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