El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas como presidentes de las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente. Ambos magistrados, respaldados por el sector conservador y que ya ejercían los cargos de manera interina, han sido ratificados tras la retirada de las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso, apoyadas por el bloque progresista.
La decisión llega después de meses de negociaciones y votaciones fallidas entre los sectores progresista y conservador del CGPJ. Ferrer y Teso decidieron retirar sus candidaturas para evitar prolongar la situación de interinidad en estos puestos claves.
En la votación final, Martínez Arrieta recibió 15 votos y Lucas, 16. Para ocupar la Presidencia de Sala se requieren al menos 13 votos. Tras la retirada de las candidatas, ambos han contado con apoyos transversales, aunque no con el respaldo unánime de los vocales progresistas.
Desde la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) se ha lamentado, en un comunicado, la ocasión perdida para avanzar en la aplicación de la ley de paridad en los puestos decisorios del TS. Señalan los jueces progresistas que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la necesidad de garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos discrecionales. Actualmente, cuatro de las cinco Presidencias de sala del Supremo estarán ocupadas por hombres.
La Sala de lo Penal, presidida ahora por Martínez Arrieta, es la encargada de investigar y juzgar a aforados como ministros, diputados, senadores y altos cargos, incluidas las causas contra miembros del Gobierno y el fiscal general del Estado. Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, bajo la presidencia de Lucas, controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos presentados contra sus actos.
Ambos magistrados ya ejercían estas funciones de manera interina: Martínez Arrieta desde diciembre del año pasado, tras la salida de Manuel Marchena; y Lucas desde diciembre de 2022, tras la marcha de César Tolosa al Tribunal Constitucional.
Martínez Arrieta, número uno del escalafón judicial, ejercerá la presidencia de la Sala de lo Penal hasta su jubilación en abril de 2027. Lucas, número tres, hará lo propio en la Sala de lo Contencioso-Administrativo hasta julio de 2026. Ninguno de los dos llegará a completar el mandato de cinco años previsto legalmente.
Andrés Martínez Arrieta
Nacido en 1955, es magistrado del Tribunal Supremo desde 1998 y ocupa el número 1 en el escalafón de la Carrera Judicial. Desde el 6 de diciembre de 2024 presidía en funciones la Sala Segunda.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó por oposición en la Carrera Judicial en 1979 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Azpeitia. Posteriormente sirvió en Juzgados de la misma clase en Lerma y Móstoles, en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid y en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid antes de su incorporación al alto tribunal.
En 1980, cuando tenía 25 años, Martínez Arrieta fue elegido vocal del recién constituido Consejo General del Poder Judicial en representación de los jueces de primera instancia e instrucción. Desempeñó el cargo hasta 1983, cuando cesó al ascender a la categoría de magistrado.
Pablo María Lucas Murillo de la Cueva
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (1978) y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba (1990), es magistrado del Tribunal Supremo desde 2001, cuando fue elegido por el turno de juristas reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio. El 31 de diciembre de 2022 asumió la presidencia en funciones de la Sala Tercera.
Miembro electo de la Sala de Gobierno desde noviembre de 2013, en 2009 fue designado por el Consejo General del Poder Judicial magistrado encargado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cargo en el que fue confirmado en 2014, en 2019 y en 2024.
Vocal de la Junta Electoral Central a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios (1991-1994) y por sorteo (2012-2016), es autor de diversos libros y artículos y el 3 de mayo de 2016 fue elegido académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Otros nombramientos
El órgano de gobierno de los jueces ha realizado, además, otros 24 nombramientos: tres magistrados/as de la Sala Tercera del Tribunal supremo; las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Aragón; las de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ de Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Cataluña y de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña; y las de las Audiencias Provinciales de Albacete, Baleares, A Coruña, Málaga, Soria, Valencia, Jaén, Las Palmas, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Badajoz y Castellón.
Finalmente, el Pleno ha nombrado a José Muñoz Pérez vocal togado del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla.
Desde el comienzo de su mandato, del que el próximo viernes 25 se cumplirá un año, el CGPJ ha realizado 161 nombramientos, todos ellos por unanimidad o amplias mayorías, de los que 68 han recaído en candidatas mujeres, lo que representa el 42,2 por ciento del total.
Los nombramientos realizados en la sesión de hoy son los siguientes:
Tribunal Supremo
Presidencia de la Sala Segunda
-Andrés Martínez Arrieta
Presidencia de la Sala Tercera
-Pablo Lucas Murillo de la Cueva
Magistrados de la Sala Tercera
-Antonio Narváez Rodríguez, turno de juristas
-Margarita Beladiez Rojo, turno de juristas
-María Dolores Rivera Frade, turno general
Tribunales Superiores de Justicia Presidencias
-Lorenzo Jesús del Río Fernández, presidente del TSJ de Andalucía
-Juan José Carbonero Redondo, presidente del TSJ de Aragón
Presidencias de Sala de TSJ
-Antonio López Tomás, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana
-María Victoria Martínez Olalla, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León (sede de Valladolid)
-María del Carmen Romero Cervero, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura
-María Abelleira Rodríguez, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña
-Jaume González Calvet, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña
Audiencias Provinciales
-María del Rosario Sánchez Chacón, presidenta de la Audiencia Provincial de Albacete
-Gabriel Agustín Oliver Koppen, presidente de la Audiencia Provincial de Baleares
-María Teresa Cortizas González-Criado, presidenta de la Audiencia Provincial de A Coruña
-Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga
-María Luisa García García, presidenta de la Audiencia Provincial de Soria
-José Manuel Ortega Lorente, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia
-Rafael Morales Ortega, presidente de la Audiencia Provincial de Jaén
-Miguel Ángel Parramón i Bregolat, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas
-Juan Pablo González-Herrero González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid
-Jacinto José Pérez Benítez, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra
-Álvaro Marcos Martín Gómez, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla
-Emilio García-Cancho Murillo, presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz
-Sofía Díaz García, presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón
Jurisdicción Militar
-José Muñoz Pérez, vocal togado del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, con empleo de comandante auditor.
Convocatoria de plazas
Por último, el Pleno del CGPJ ha acordado también publicar en el BOE la convocatoria de una plaza de magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, correspondiente al turno general; de la presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra y de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Con estas designaciones, el CGPJ culmina el proceso de cobertura de más de un centenar de plazas vacantes en órganos judiciales superiores, una situación que se arrastraba desde 2021 y que afectaba al funcionamiento de la Justicia en España.