Después de que la Fiscalía de Algeciras haya denunciado en los Juzgados de la Línea de la Concepción los vertidos que realiza Gibraltar en su afán por ganarle terreno al mar para levantar su nuevo proyecto urbanístico Eastside, precisamente en esa cara este de la Roca, no donde tradicionalmente ha ido expandiéndose en la parte más próxima a Algeciras; esta disputa entre España y las autoridades británicas puede acabar en manos de un tribunal internacional, que se encargaría de dilucidar la soberanía de las aguas que rodean el Peñón.
El Tratado de Utrech, un conjunto de disposiciones internacionales rubricadas entre 1713 y 1715, hace referencia a que España perdía los Países Bajos, Nápoles, Cerdeña, Milán, Sicilia, Menorca y Gibraltar, además de su supremacía en el comercio americano, que le fue concedida a Inglaterra. El Reino Unido, por su parte, además de Gibraltar, ganaba Menorca (devuelta a España en 1802 tras la firma del Tratado de Amien) y el denominado "asiento de negros", que le otorgaba el monopolio de la trata de esclavos con las colonias españolas.
En su artículo X, el Tratado de Utrch cede a la Corona Británica "la plena y entera propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, conjuntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen". No habla de aguas, solo del puerto, y por ello España reconoce oficiosamente a la colonia británica únicamente las aguas del viejo puerto.
Pero el hecho de que el Tratado de Utrech no reseñe que Gibraltar tiene aguas propias, no lo comparten ni los británicos ni los llanitos, que controlan y patrullan hasta 3 millas nauticas en torno al Peñón, en otro ejemplo más de su habitual política de hechos consumados.
A Gibraltar le ha surgido ahora esta denuncia que va en contra de sus intereses de expansión, pero no preocupa a las autoridades gibraltareñas, al contrario. Parece entusiasmarles, con su ministro principal, Fabían Picardo, a la cabeza. De hecho, el propio Picardo ha sugerido en una sesión parlamentaria que sea un tribunal internacional quien determine, por primera vez, de quién son esas aguas en litigio.
En un nuevo desafío a España, Picardo ha llegado a afirmar que el Parlamento de Gibraltar "disfrutaría" de un conflicto de jurisdicciones con España. Utilizó la palsbra 'relish' (saborear) para describir la actitud de su Gobierno ante una posible "disputa de jurisdicciones". "El Gobierno está trabajando para comprender todas las implicaciones legales que podrían derivarse de la denuncia, no solo en Derecho español, sino especialmente en Derecho internacional público, que es lo que realmente importa aquí", apuntó el dirigente gibraltareño.
Fabián Picardo asegura que disfrutaría de un contencioso internacional y recuerda que en su día fue España quien rechazó someter este asunto al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuando el Reino Unido ofreció resolverlo en ese foro. "Es España la que ha huido de una resolución independiente sobre la jurisdicción de estas aguas", añadió.
Denuncia avalada por el Seprona
La denuncia, promovida inicialmente por Verdemar Ecologistas en Acción, fue presentada hace ya siete meses y encauzada ahora por el Ministerio Público ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea. La querella sostiene que las obras de relleno, con piedras compradas a España y entregadas a un ritmo de más de un centenar de camiones al día, para el megaproyecto urbanístico podrían suponer delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, asegura Gibraltar Chronicle.
La denuncia de Verdemar, que está respaldada por informes del Seprona, acusa a Gibraltar de verter escombros y materiales potencialmente contaminantes sobre aguas de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, una franja marina incluida en la Red Natura 2000 por su alto valor ecológico. Según los informes remitidos a la Fiscalía, estos rellenos están "destruyendo el área marina" y alterando el equilibrio de los ecosistemas, al tiempo que afectan a especies protegidas y a actividades socioeconómicas vinculadas a la pesca o el turismo.
El Gobierno de Gibraltar no ha notificado oficialmente noticia alguna al respecto del proyecto Eastside al Ejecutivo español, que obviamente tampoco han recibido visto bueno alguno por parte de las autoridades ambientales españolas competentes. Gibraltar continúa con sus planes de levantar sobre el mar al este del Peñón una elitista urbanización cuya construcción ha sido adjudicada al grupo vietnamita TNG Global Foundation. Serán unas 1.300 viviendas de lujo, un hotel, un puerto deportivo y una zona comercial. El proyecto marcha a buen ritmo y la promotora ya ha comenzado la comercialización de los inmuebles.
¿Mediación de la UE?
Amparándose en la denuncia por los vertidos, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, exigió el 15 de mayo a la Unión Europea que actúe "para evitar que los rellenos sigan adelante sin control ni supervisión". Desde el Gobierno de España, se ha derivado el caso a de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente al ámbito de la Fiscalía de Algeciras, dado que los hechos denunciados tienen lugar en lo que España considera su jurisdicción marítima.
España expone que los trabajos de relleno se están realizando sobre aguas españolas y, además, dentro de una zona protegida. Por ello considerán que Gibraltar estaría violando tanto la legislación nacional como normas europeas e internacionales. Gibraltar lo niega y recuerda que durante su etapa como parte de la Unión Europea, la Comisión Europea investigó ya las quejas españolas y manifestó que las obras del proyecto Eastside se estaban desarrollando "correctamente y conforme a la legalidad".
Entre las diligencias que la Fiscalía ha empezado a analizar tras la denuncia de los ecologistas, y que ha remitido al juzgado, esta aprecia "la imposibilidad de realizar una evaluación de los daños producidos" por los rellenos "al haber resultado inviable la realización de seguimiento científico alguno en la zona de ejecución del proyecto por parte de los investigadores del Instituto Español de Oceanografía que tenían encomendada dicha tarea, debido a la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar".
La Fiscalía sí ha podido contar con informes de la Guardia Civil, que mencionan que los actuales rellenos suponen la destrucción de áreas marinas y alteración de las condiciones físico-químicas del agua y de los ecosistemas. Las autoridades coloniales, por su parte, han llegado incluso a impedir que España realice un seguimiento científico de los daños ocasionados por los relllenos en la zona del proyecto Eastside.
TNG asegura que todo es legal
El pasado mes de abril, la Comisión de Desarrollo y Planificación de Gibraltar concedió el permiso para la continuidad de la construcción del proyecto de Eastside, en el que ya se han construido torres de viviendas.
Gibraltar, que ha ganado unas diez hectáreas al mar, asegura que está aplicando en las obras los "más altos estándares internacionales" en materia de protección ambiental y, para darle legalidad al proyecto, se aferra a que la parcela donde ejecuta la nueva urbanización fue "legal y debidamente cedida" por las autoridades gibraltareñas. La promotora se apoya en una autorización del año 2008 para un proyecto diferente al que ahora ejecuta con nuevos rellenos.
Fue en 2021 cuando el gobierno de Gibraltar adjudicó a TNG Global Foundation este proyecto como promotora e inversora del proyecto, que por entonces preveía una inversión de unos 390 millones de euros en la zona de rellenos. El proyecto contempla también la edificación de dos muros de contención, el desarrollo de cien viviendas con precios asequibles, 400 puestos de amarres para pequeños botes y un aparcamiento para 500 coches, además de un puerto deportivo con espacio para megayates y una promoción inmobiliaria de alta gama. TNG Global Realty Limited indicó el pasado mes de diciembre que la Unión Europea había avalado la legalidad medioambiental de los trabajos.
50.000 toneladas de piedras españolas
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que tanto el MInisterio de Asustos Exteriores como el de Interior están "encima de este proyecto en Gibraltar y realizan un constante "seguimiento" de los rellenos "para evitar que pueda suceder cualquier tipo de perjuicio o daño en suelo o aguas españolas".
Fernández recalcó, además que "el Gobierno está permanentemente pendiente de lo que suceda y el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior, cada uno en su ámbito competencial, están encima de este asunto" y recordó que hay un procedimiento judicial abierto para la comprobación y el seguimiento de las obras.
Verdermar-Ecologistas en Acción aseguró el pasado mes de diciembre que Gibraltar sigue "ganando terrenos al mar" con este nuevo proyecto y apuntó a que la colonia británica ha importado de España sin problema alguno "cerca de 50.000 toneladas de piedra de escollera de gran tonelaje".
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