Alberto García Barrenechea: "La Ley de Eficiencia tenía que venir acompañada de una dotación presupuestaria muy importante"

Alberto García Barrenechea es decano del ICPM y secretario del Comité Ejecutivo del Consejo General de Procuradores. Este licenciado en Derecho es un luchador nato, conjurado en la renovación de su profesión en unos momentos tremendamente convulsos no solo para su profesión, sino para todo el mundo de la Justicia.

Los procuradores se encuentran en un momento de adaptación forzada por nueva ley 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, si bien busca la eficiencia, su texto plantea problemas de implementación, falta de homogeneidad y genera incertidumbre jurídica. Ante esto, la Procura apuesta por reforzar la formación, asumir más funciones (especialmente en ejecución de sentencias), aprovechar su liderazgo en la digitalización y superar los desafíos institucionales para consolidar su papel central en el funcionamiento de la justicia.

¿Qué valoración se hace en el colectivo de procuradores sobre las recientes reformas?

Mi valoración de la Ley 1/25 no es especialmente crítica, pero sí creo que cuenta con dos defectos principales, como son la falta de presupuesto y los problemas que se generan con los nuevos procedimientos de procedibilidad o de admisibilidad. La Ley tenía que haber venido acompañada de una dotación presupuestaria muy importante para ser más efectiva. Y, además, los requisitos, especialmente en relación con los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), o no han sido bien explicados o no suponen una mejora sustancial para acelerar los procedimientos. Además. La introducción de este requisito de admisibilidad encarece el procedimiento al añadir un trámite previo.

¿Considera que la introducción de los MASC es una rémora o acelerará los procesos?

Meter un requisito de procedibilidad o de admisibilidad en los procedimientos, con el atasco que ya hay en la Justicia, bajo mi punto de vista, tiene dos efectos que son negativos. El primero es que encarece el procedimiento porque estoy metiéndole un trámite previo, que hasta ahora no existía. Y, además, los famosos métodos alternativos para la solución de conflictos siempre han tenido su idiosincrasia en que eran de carácter voluntario. Desde el primer momento que se hacen no voluntarios, sino obligatorios para acceder a la Justicia, está claro que pierden su sentido. Esto crea inseguridad jurídica, tanto para los justiciables como para los profesionales del derecho, quienes no saben qué requisitos o trámites, como ocurre en el caso de los MASC, serán válidos en cada juzgado particular.

¿En qué lugar deja esto al justiciable? ¿En qué lugar deja a los profesionales?

Cuando alguien vaya al despacho de un abogado para interponer una demanda, éste va a tener que reconocerle a su cliente que no sabe que poner, si una mediación, si una conciliación o si simplemente el burofax que ha cruzado con su compañero que defiende a la otra parte, para que tenga los efectos de admisibilidad que le está pidiendo la Ley. Yo creo que por eso, el Ministerio debería planteárselo y buscar un criterio homogéneo para toda España. De otra forma va a ser muy difícil que la ley tenga su sentido, tal y como lo buscamos, de que sea una verdadera norma de eficiencia.

¿La diversidad de criterios a la hora de valorar si se ha cumplido o no, es un peligro?

La Ley ha generado una infinidad de criterios de aplicación por parte de los juzgados en diferentes localidades, generando diferencias entre juzgados, como ocurre en Collado Villalba, Madrid, Aranjuez, Móstoles o Alcobendas. Como consecuencia directa de esta inseguridad, ha habido una bajada sustancial en la presentación de demandas desde la entrada en vigor de la ley. Por ello es necesario que se unifiquen los criterios para toda España. Este es un dato significativo Y, por si fuera poco, la Ley busca la eficiencia con el mismo número de jueces que ya existen, solo que cambiándolos de sitio. Lo que hace falta son muchos más jueces para desatascar los juzgados y lograr que el sistema sea más efectivo, dado el mismo volumen de trabajo y el incremento anual de procedimientos que tradicionalmente vienen generándose cada año sobre el previo.

¿Cómo se preparan los procuradores para afrontar las novedades normativas?

La profesión de procurador es considerada un ejemplo de eficiencia para las profesiones jurídicas, a través de su modernización y su capacidad para manejar actos de comunicación y la presentación de escritos, mandamientos y edictos en diversas plataformas desde sus despachos. Esta modernización ha sido posible gracias a la inversión de los propios procuradores con sus ingresos. Desde la perspectiva de la Procura, nos encontramos a la expectativa ante la entrada en vigor de la Ley.

¿Qué papel juega la formación del colectivo en este procedimiento?

Estamos afrontando en la actualidad las reformas poniendo un fuerte énfasis en la formación de los procuradores, especialmente en todos los MASC, la cual es muy importante. Hay una necesidad de implementar la formación para aumentar el número de mediadores capacitados. La profesión ya ha demostrado ser un ejemplo de eficiencia y modernización al haber tenido que adaptar sus despachos e invertir en herramientas digitales para hacer frente a sistemas como LexNET y las múltiples plataformas procesales existentes en España. Lo que está claro es que la verdadera eficiencia de la Justicia pasa por la procura. El Colegio de Madrid, por ejemplo, tiene una apuesta creciente por la digitalización y especialización, habiendo realizado 52 cursos de formación el año pasado. Para fortalecer la profesión, es necesario que obtengamos más funciones además de la representación.

¿Las herramientas digitales implementadas están siendo efectivas para agilizar los procedimientos?

Las herramientas digitales implementadas por los procuradores y sus colegios están siendo presentadas como muy efectivas para sus funciones específicas y la modernización de la profesión, aunque la efectividad general para agilizar todos los procedimientos judiciales en España es un tema más complejo que depende de otros factores. Los procuradores hemos tenido que modernizar nuestros despachos e implantar las medidas digitales más efectivas para hacer frente a sistemas como LexNET y a la innumerable cantidad de plataformas existentes en España. Los procuradores somos los primeros en probar cualquier modificación legislativa y los únicos que acudimos diariamente a los órganos judiciales estatutariamente, lo que les permite conocer de primera mano el funcionamiento de las reformas. Un ejemplo concreto de una herramienta digital implementada es el sistema Sireno del Colegio de Madrid, esencial para la profesión. Gracias a Sireno, se pueden enviar una media de 45.000 notificaciones al día, algo que sería absolutamente inviable de forma manual. Este sistema permite un control absoluto de la notificación desde el inicio y ha gestionado más de 61 millones de notificaciones desde su implementación. Sireno es prueba de la modernización y eficiencia de los procuradores.

¿Qué supone que la Procura sea un sujeto activo en la ejecución de sentencias?

Para desatascar los juzgados y mejorar la efectividad del sistema judicial español, además de la modernización, hacen falta más jueces y que las funciones de ejecución las lleven los procuradores, como ocurre en otros países como Portugal, donde esto ha disminuido el volumen de demandas de ejecución pendientes en más de un 50%. La ley 1/25 da un primer paso al hablar del acceso al Punto Neutro Judicial por parte de los procuradores, pero se requiere un desarrollo reglamentario importante para que los procuradores puedan llevar a cabo la ejecución bajo el amparo y tutela de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), colaborando con ellos donde la falta de medios les impide llegar. Debemos tener en cuenta que se estima que las ejecuciones pendientes de ejecutar en España estarán por encima de los 10.000 millones de euros y que la ejecución, más que lenta, está parada.

¿Qué otras actuaciones consideran necesarias para el futuro de la profesión?

Junto a esta nueva función, también buscamos que se potencie nuestro papel en los actos de comunicación, aprovechando nuestra capacidad de certificación, que nos diferencia de otros operadores. Nos estamos preparando activamente mediante una fuerte apuesta por la formación, especialmente en MASC, y abogamos por asumir más funciones, destacando la ejecución de sentencias como una medida clave para mejorar el sistema judicial en su conjunto.

¿Se está trabajando en la elaboración de un nuevo Estatuto de la Profesión?

Tengo que destacar primero que desde que estoy como secretario del Consejo, mi visión de la de la Procura y de la profesión se ha visto complementada de una manera sustancial, porque estoy conociendo una Procura, no solo la de Madrid, sino distinta y me he dado cuenta de que tenemos que trabajar desde el Consejo para que la ésta sea más fuerte en todos los ámbitos del territorio nacional. Hay un compromiso en la Junta que salió elegida de modernizar el colegio, de convocar elecciones, de modificar el Reglamento de Régimen interno para que existan más posibilidades de cualquier procurador pueda presentar a cargos electos y ese compromiso sigue vigente a día de hoy.

¿Qué supone la sanción impuesta por la CNMC de 2,4 millones de euros?

Lo cierto es que hemos tenido que afrontar decisiones muy importantes, principalmente respecto a la sanción que nos impuso la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la CNMC, de 2,4 millones de euros que lo que nos ha supuesto paralizar otras inversiones del colegio. Estamos dedicando dedicarles todos nuestros esfuerzos posibles para que esta desproporcionada sanción que nos ha impuesto se quede en nada. Esto ha supuesto un trabajo ímprobo del Consejo para conocer bien las funciones, para conocer bien el convenio que teníamos firmado y para sacar adelante este el compromiso, que es un compromiso de toda la Procura, de actualizar nuestra regulación para adaptarla a las nuevas exigencias legales, porque si este procedimiento saliera mal comprometería el futuro de la procuradora de la procura a nivel nacional.

¿Anunciaron la elaboración de un nuevo Estatuto y de un Reglamento que hay de ello?

Sí. Estamos trabajando en el Consejo General en la elaboración de un nuevo Estatuto, en parte obligado por la Ley 1/25, y en la modificación del Reglamento de Régimen Interno. Estos cambios buscan modernizar la gestión y hacer el Consejo más democrático. Las modificaciones reglamentarias tendrán que ir de la mano de la modificación de este Estatuto. Trabajamos de manera conjunta para que la modificación del Estatuto se armonice con el Reglamento Interno. La Junta que salió elegida en el Consejo General tiene un compromiso de modernizar el Colegio y modificar el Reglamento para que existan más posibilidades de que cualquier procurador pueda presentarse a cargos electos. Este compromiso sigue vigente a día de hoy. Entre los inconvenientes que nos hemos encontrado hay que destacar que hemos tenido que modificar los Presupuestos del año en base a la posible sanción del Consejo. Ahora bien, hemos tenido que afianzar 2,4 millones hasta que se resuelva el recurso, pero en cualquier caso, una actitud de prudencia ha hecho que nuestras cuentas estén condicionadas a la resolución de este conflicto.

¿Y para cuando las prometidas elecciones en el Consejo general?

La convocatoria de elecciones en el Consejo General está prevista, tal y como nos comprometimos, pero se encuentra supeditada a la finalización de las modificaciones estatutarias y reglamentarias que estamos elaborando en la actualidad.

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