Expertos mundiales denuncian el asedio al Estado de Derecho y a la Democracia

Santo Domingo ha sido el epicentro del debate jurídico global durante la XXIX edición del World Law Congress (WLA), organizado por la World Jurist Association (WJA) donde juristas y líderes de 70 países han analizado las amenazas contemporáneas que pesan sobre el Estado de Derecho y la Democracia liberal. El lema Nuevas generaciones y Estado de derecho: forjando el futuro ha puesto el foco en la urgencia de defender estos pilares ante un panorama de creciente complejidad.

El Estado de Derecho se ha presentado como la única alternativa al Imperio de la Fuerza. Se ha apuntado que protege y potencia a la persona, garantizando el respeto de su dignidad y la aspiración a una convivencia democrática. Un Estado donde impera la igualdad ante la ley, se respetan los derechos individuales y se escucha cada voz es el modelo político más sólido. Su deterioro o menoscabo empobrece a la sociedad. El Derecho es un anclaje a principios y valores fundamentales universales.

El peligro de la polarización social

Los expertos han apuntado que en un tiempo marcado por la fragmentación, desconexión, barreras, conflictos y polarización el Derecho puede convertirse en una víctima colateral, haciendo que su defensa y la del Estado de Derecho sean aún más cruciales como anclaje a principios y valores universales. El propio rey de España, Felipe VI, ha destacado la necesidad de reivindicar la ley frente a la polarización social.

El presidente de la WJA, Javier Cremades, ha alertado que "la democracia está bajo asedio ante la polarización, entre otros factores". En los diversos paneles de debate, se ha reiterado en múltiples ocasiones que la ley y el Estado de Derecho son la "única alternativa frente al Imperio de la Fuerza. Defender el imperio de la ley es una llamada esencial ante quienes pretenden imponerse por la fuerza. Cualquier deterioro o menoscabo del Estado de Derecho significa un empobrecimiento de la sociedad". Cremades ha señalado que "el Estado de Derecho es una fórmula magistral, única, excepcional consistente en que el poder público solo se puede ejercer con legitimidad si se hace dentro de los márgenes que marcan una Constitución y unas leyes. Históricamente, ha sido fundamental para atemperar la autoridad del Estado".

Independencia judicial

Los especialistas han determinado en los paneles de debate que la independencia garantiza la confianza ciudadana en el sistema judicial y la credibilidad de los tribunales. Magistrados dominicanos y expertos internacionales han abordado las amenazas, incluyendo la injerencia del poder político, el populismo y los juicios paralelos desarrollados fuera de los tribunales, y el fenómeno del lawfare (uso abusivo de la ley con fines políticos).

Se ha mencionado, por ejemplo, la reforma judicial en la República Dominicana que fortaleció la autonomía del Poder Judicial tras la crisis de 1994. El Presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Marko Bošnjak, ha destacado el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la protección de las judicaturas nacionales contra ataques a su independencia, citando casos de Polonia donde se abordaron irregularidades en nombramientos y medidas disciplinarias contra jueces.

En el Congreso se ha denunciado que el Estado de Derecho y la democracia están bajo una presión sin precedentes, con un resurgimiento del autoritarismo y una creciente erosión de la confianza en las instituciones públicas. Los ataques a la independencia judicial han sido un tema recurrente y de gran preocupación. Los ataques al poder judicial se dan, según los expertos, no solo en regímenes autocráticos donde no existe esa independencia, sino también en democracias consolidadas.

Se considera que el Poder Judicial es la rama más débil entre los tres poderes. Las amenazas incluyen la injerencia del poder político y las presiones de otros actores. El populismo, especialmente en el ámbito penal, y los juicios paralelos o públicos informales que se desarrollan fuera de los tribunales y medios digitales. Estos juicios no se rigen por reglas constitucionales o procesales, con el público y los medios actuando como jueces y jurados basándose en suposiciones.

Nombramientos bajo influencia

El fenómeno del lawfare, definido como el uso abusivo de la ley con fines políticos para deslegitimar o debilitar a un enemigo político. También, las amenazas a la independencia desde el momento del nombramiento de los jueces o, incluyendo la sujeción a discreción ilimitada o influencia indebida del ejecutivo, y brechas en las reglas fundamentales de nombramiento, como ha destacado el Presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Marko Bošnjak, al apuntar casos de Polonia analizados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y, finalmente, se han denunciado las Medidas disciplinarias y la falta de una revisión judicial efectiva contra acciones que remueven a jueces de su cargo.

Incógnitas del empleo de la IA

Otro de los argumentos analizados en las mesas de trabajo, es el de los Desafíos de la Era Digital y la Inteligencia Artificial (IA). Se debatió su impacto y las oportunidades para transformar el acceso a la justicia, haciéndola más accesible, eficiente e inclusiva.

Sin embargo, se identificaron desafíos clave como la falta de formación tecnológica en el ámbito jurídico y la necesidad de un uso adecuado para fortalecer el ejercicio del Derecho.

Se debatió que si bien la transformación digital y la IA ofrecen oportunidades para mejorar el acceso a la justicia, también plantean serios desafíos jurídicos, ya que impactan en la privacidad y la autonomía de las personas. Y, se afirmó que en esta línea, la memoria infinita creada por las plataformas digitales, que comparte datos personales sin límites, constituye riesgos para los derechos de la personalidad.

Identificación de desafíos sobre tecnológía

En el congreso se han identificado diversos desafíos clave del sistema como la falta de formación tecnológica en el ámbito jurídico y la necesidad de un uso adecuado para fortalecer el ejercicio del Derecho. Por ello, en las mesas de trabajo se ha realizado un llamamiento a invertir en educación, ética y regulación adecuada para que la tecnología sirva al Derecho. En el ámbito educativo, se ha discutido el uso de la IA en la enseñanza del Derecho, subrayando la importancia de la transparencia, la integridad y el establecimiento de protocolos claros, así como el fomento del pensamiento crítico.

Derecho al olvido y a la privacidad

Se ha abordado también la necesidad de fortalecer los derechos fundamentales ante la transformación digital. El derecho al olvido se ha presentado como una herramienta imprescindible en las redes sociales para controlar datos personales desactualizados o que vulneran la privacidad. La memoria infinita de las plataformas digitales crea riesgos para los derechos de la personalidad. Cremades también ha identificado la "dificultad de acceso a la verdad como una amenaza para el Estado de Derecho". Estos desafíos, interconectados, subrayan la fragilidad de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en la actualidad, haciendo un llamamiento a la acción a las nuevas generaciones y a todos los actores jurídicos para su defensa activa.

Diálogo transatlántico

El rey Felipe VI ha defendido el diálogo transatlántico después de haber reivindicado la ley como única alternativa frente al imperio de la fuerza y la ley frente a la polarización social, todo ello en el marco de este Congreso centrado en el Estado de Derecho. En este contexto, el diálogo transatlántico se presenta como un vínculo fundamental basado en una identidad compartida y una comunidad de valores que se sostiene a través de la interacción de múltiples sectores, y que es relevante en el esfuerzo por defender el Estado de Derecho y la democracia liberal frente a los desafíos actuales.

Dignidad Humana

Se ha señalado también en las mesas de trabajo que la dignidad humana es un eje transversal de los derechos fundamentales y un principio fundamental en el Estado. Es el valor inherente de cada ser humano, independientemente de su condición, y es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección son una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Se puso como ejemplo su protección en sentencias del Tribunal Constitucional dominicano.

Cándido Conde-Pumpido

El Presidente del Tribunal Constitucional español, Cándido Conde-Pumpido, fue el encargado de moderar el panel titulado "Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional". En su intervención en este panel, subrayó la obligación que tienen todos los poderes públicos y los ciudadanos de cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional de España. Asimismo, destacó que sus resoluciones tienen el valor de cosa juzgada y no pueden ser recurridas ante ningún órgano jurisdiccional español.

World Peace & Liberty Award

El máximo galardón del Congreso, el World Peace & Liberty Award (conocido como el Nobel del Derecho), ha sido entregado en 2025 a Sonia Sotomayor, la primera jueza latina en acceder al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se han destacado sus méritos profesionales y académicos, así como su compromiso cívico, enraizado en su biografía y su origen hispano. Sotomayor ha comentado que eligió ser abogada "al reconocer que la ley afecta todas las relaciones interpersonales, con el gobierno y con entidades como las corporaciones".

Este premio lo han recibido nueve personas en 60 años. Los ocho premiados con antelación a Sotomayor son: Churchill (primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial), René Cassin (redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) , Nelson Mandela (activista por la igualdad y presidente del Gobierno de Sudáfrica de 1994 a 1999), Ruth Bader Ginsburg (jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos destacada por la lucha por la igualdad de género), la democracia colombiana (reconocimiento a su proceso democrático y a la defensa del Estado de Derecho), Andrew Young (uno de los primeros líderes en el movimiento por los derechos civiles) y la Comisión Europea (por su establecimiento de leyes y la forma en que se aplica el Estado de Derecho).

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