
Las empresas que sean de fuera de la Unión Europea (UE) pero que operen en algún país miembro deberán informar de quiénes son los dueños reales de la misma.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa prepara la transposición de la nueva Directiva europea para luchar contra el blanqueo de capitales que, como novedad destacada exigirá que "las entidades jurídicas constituidas fuera de la Unión que operen en un Estado miembro deberán comunicar su información de titularidad real al registro central correspondiente".
Hasta el momento, esta obligación existía para las empresas españolas o de otros países de la UE.
"Con ello, se pretende dificultar el uso de personas y estructuras jurídicas opacas y asegurar que las mismas se utilicen de manera legítima", explica el Ministerio en la consulta pública previa lanzada para iniciar la tramitación de la norma. La Administración corroborará la veracidad de los dueños de las firmas.
La Directiva debe entrar en vigor de forma completa el 10 de julio de 2027. Sin embargo, para el 10 de julio de 2025, España ya debe garantizar que la información sobre la titularidad real de las empresas está a disposición de las autoridades, la Unidad de Inteligencia Financiera europea (UIF) y quien que justifiquen un interés legítimo para el acceso a los datos.
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