Las patronales CÍES (federación en la que se integra la andaluza ASICA) y CEACOP han llevado ante la justicia la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el recurso en materia de contratación que habían interpuesto relativo al encargo por parte del Ministerio de Transportes a la empresa pública INECO para la redacción del proyecto constructivo del cierre sur de la ronda SE-40, que incluye un puente extraordinario sobre el Guadalquivir.
El pasado mes de noviembre, dicho Tribunal -dependiente del Ministerio de Hacienda- estimó parcialmente las alegaciones de las ingenierías privadas y anuló el encargo. Tras incorporar la metodología BIM, tal y como solicitó el Tribunal, el Consejo de Ministros del 17 de diciembre lo volvió a autorizar. El nuevo encargo, por valor 13,1 millones de euros, se publicó ayer en la plataforma de contratación del sector público.
El sector de la ingeniería, junto con numerosas patronales (entre ellas la propia CEOE), vienen denunciando en los últimos años el aumento de adjudicaciones directas por parte de las Administraciones a las empresas públicas. En el caso de INECO, su facturación en 2024 ascendió a 476 millones frente a los 442 millones del ejercicio anterior. Una cifra récord que, según las estimaciones, volverá a crecer, una vez que al cierre de 2024 su cartera de contratos ha rozado los 1.000 millones de euros.
Vulneración de la ley
En el puente de la SE40, las organizaciones empresariales han decidido proseguir en sus acciones de defensa del sector y llevar el caso ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público. En concreto, esgrimen que no está justificada la mayor eficiencia y eficacia del encargo directo frente a la licitación pública (INECO no tiene experiencia en diseño de puentes y el encargo es más caro que una licitación) y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios (un 60,87%, que con el nuevo encargo será aún mayor), sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superar el mencionado tope.
Por último, tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995.
Las patronales estudian ya el nuevo encargo (el anterior fue cuestionado por la intervención), pedirán acceso inmediato al expediente y anuncian que emprenderán las actuaciones necesarias hasta conseguir que los proyectos sean licitados bajo la libre concurrencia de las empresas privadas de ingeniería.
Un proyecto polémico
El proyecto, además, está rodeado de una notable polémica en Sevilla. La segunda circunvalación de Sevilla, SE-40, se inició el 4 de mayo de 2007 con la previsión de tener en servicio sus 77 kilómetros en el año 2011 o 2012. Los plazos que se manejan ahora son de finalizarla en 2030.
Inicialmente se iba a construir un túnel bajo las aguas del río pasa salvar el paso de vehículos a la altura de Coria. En 2009 se licitó y adjudicó por 500 millones la obra en ese tramo. Se llegó a comprar una tuneladora de 37 millones construida expresamente para este proyecto, que llegó a iniciarse pero que se paró en 2011 por cuestiones técnicas (las filtraciones) y 'reprogramación' de obras por la crisis del boom inmobiliario, que provocó fuertes recortes del gasto público.
Cuando se retomó el proyecto, ya en 2020, se decidió cambiar el túnel por un puente (opción que en su día se descartó por su fuerte impacto visual). Había que comenzar de cero después de alrededor de 80 millones de euros gastados (entre ellos, los de la tuneladora, que acabó vendida como chatarra por 1,8 millones).
Ha habido además que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones a las empresas que en su día fueron adjudicatarias de los trabajos.