Las empresas serán responsables de las actuaciones de sus empleados y las sanciones graves se elevarán hasta el 5% del volumen de negocios total mundial o 40 millones de euros. Para el resto de infracciones, la multa máxima será del 3% del volumen de negocios o de 24 millones de euros.
La Unión europea sancionará a las empresas infractoras contra el medio ambiente con multas de las multas que ascenderán hasta el 5% del volumen de negocios total mundial para las infracciones más graves o, alternativamente, a 40 millones de euros. Para el resto de infracciones, la multa máxima será de al menos el 3% del volumen de negocios o, alternativamente, 24 millones de euros, según se establece en el texto de la directiva de Protección del medio ambiente mediante el derecho penal, que actualiza la Directiva 2008/99/CE, que ha sido aceptada por Consejo y Parlamento Europeo.
La propuesta aclara algunos de los términos contenidos en la directiva actual e incluye una lista actualizada de delitos ambientales, tipos y niveles de sanciones armonizados, medidas para fortalecer la investigación y el enjuiciamiento internacional, mejoras en la recopilación de datos estadísticos y medidas para mejorar las políticas nacionales. La revisión está diseñada para aumentar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos ambientales en toda la Unión Europea (UE).
Tráfico ilegal de residuos y de especies de vida silvestre, delitos de contaminación y comercio ilegal en sustancias peligrosas son los delitos ambientales más comunes, según los datos de Eurojust. En la mayoría de los casos, el delito de medio ambiente no es un delito aislado, sino que se relaciona con el crimen organizado, sumando delitos como el fraude, falsificación de documentos, ciberdelincuencia y lavado de dinero. Los procesos penales por delitos medioambientales deben abordar la corrupción, blanqueo de capitales, fraude documental, ciberdelincuencia, todo ello en relación con las actividades empresariales, pues la intención del delincuente es maximizar beneficios o evitar gastos.
Nuevos tipos de sanciones
Según los datos aportados por Bruselas, los delitos medioambientales son la cuarta actividad criminal más grande (en términos de valor) en el mundo. Esta actividad criminal crece a una tasa anual de entre el 5% y el 7% anual, con ingresos anuales relacionados estimados a nivel mundial en 2016 en un rango entre 91.000 millones de dólares y 258 mil millones de dólares. En la UE, el mercado ilícito de residuos generó unos ingresos anuales medios estimados de entre 3.700 millones de euros y 15.300 millones de euros entre 2014 y 2016. La aplicación de la ley ambiental es un área multidisciplinaria que requiere especialización y conocimiento, ya que combina funciones administrativas y enfoques criminales, e involucra una variedad de autoridades nacionales especializadas, junto con policía y fiscales. La existencia de diferentes percepciones sobre conceptos jurídicos clave de la política medioambiental de la UE ha venido generando dificultades en la cooperación transfronteriza.
Los Veintisiete, además, deberán incluir en sus normativas nacionales sanciones para las personas físicas y empresas con medidas adicionales, como la obligación de que el infractor restablezca el medio ambiente a su estado original o compensar el daño, así como excluirles del acceso a la financiación pública y la retirada de permisos y autorizaciones Incluso se prevé la prohibición temporal de presentarse como candidatos a cargos públicos y cuando exista un interés público, tras una valoración del caso concreto, se podrá publicar la resolución judicial con los datos personales de los condenados.
Los delitos intencionales que causen la muerte de una persona se castigarán con una pena máxima de prisión de hasta diez años (los Estados miembros pueden incluir penas aún más severas en su legislación nacional). Los demás delitos conllevarán prisión de hasta cinco años.
Umbral cualitativo
La Futura Directiva incluye un umbral cualitativo para que la conducta sea constitutiva de delito. Se trata de que la conducta cause la muerte o lesiones graves a alguna persona o daños sustanciales a la calidad del aire, las aguas o el suelo, o daños sustanciales a un ecosistema, animales o plantas. La pena máxima de prisión por delitos cualificados será de ocho años.
Para proteger el medio ambiente en la mayor medida posible, ese umbral cualitativo debe entenderse en un sentido amplio, que incluye los daños sustanciales a la fauna y la flora, a los hábitats y a los servicios que son posibles gracias a los recursos naturales y los ecosistemas, así como a las funciones basadas en los ecosistemas.
La rentabilidad de los delitos ambientales, según la institución comunitaria denuncia que los hace muy atractivos para los grupos del crimen organizado involucrados en contrabando, terrorismo, lavado de dinero y corrupción. Además, la baja tasa de detección de delitos ambientales y las sanciones débiles están incentivando a los infractores a cometer delitos ambientales.
Los crímenes ambientales cometidos por el crimen organizado no sólo socavan el Estado de Derecho, sino también los marcos sociales, económicos y políticos de la UE y de sus Estados miembros. Por ejemplo, las empresas legítimas generan ingresos más bajos, lo que resulta en una pérdida de ingresos fiscales, lo que a su vez afecta negativamente a las sociedades y los servicios para los ciudadanos comunitarios.
Se considera un delito de la máxima gravedad punible, la descarga, emisión o introducción de una cantidad de materiales o sustancias, energía o radiación ionizante en el aire, el suelo o el agua que causan o pueden causar muerte o lesiones graves a cualquier persona o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad del agua, o a un ecosistema, animales o plantas.
Así, se definen entre los nueve nuevos tipos de delitos se incluyen algunos tan destacados como el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos o las infracciones de la legislación de la UE en materia de productos químicos.
También introduce el llamado delito cualificado de causar la destrucción de un ecosistema, como incendios forestales a gran escala, y por tanto, comparable al ecocidio, definido por los expertos como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes posibilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente".
La importancia de la comercialización
Así, toma una especial importancia la comercialización que se realiza infringiendo una prohibición u otro requisito destinado a proteger el medio ambiente, de un producto cuya utilización da lugar al vertido, emisión o introducción de una cantidad de materiales o sustancias, energía o ionizantes, radiación en el aire, el suelo o el agua, que cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona o daños sustanciales a la calidad del aire, el agua o el suelo, o a una ecosistema, animales o plantas como resultado del uso del producto a mayor escala.
En la misma línea, se introduce, una amplia regulación punitiva sobre la fabricación, comercialización, exportación o utilización de sustancias, solas, en mezclas o en artículos, incluida su incorporación a artículos en diversas situaciones de incumplimiento normativo.
Estas formas de delincuencia están a menudo interrelacionadas con formas graves de delincuencia medioambiental y, por lo tanto, no deben tratarse de forma aislada. En particular, también suelen causar daños sustanciales al medio ambiente y a la salud humana, incluidos efectos devastadores en la naturaleza y las comunidades locales. Además, es especialmente preocupante que algunos de estos delitos se cometan con la tolerancia o el apoyo activo de las administraciones o los funcionarios competentes en el desempeño de su función pública.
En algunos casos, dicho apoyo, incluso llega a extender las redes de la corrupción. Algunos ejemplos de estos comportamientos pasan por hacer la vista gorda o guardar silencio ante la infracción del Derecho medioambiental después de realizar inspecciones; omitir deliberadamente las inspecciones o controles, por ejemplo, con respecto a si el titular del permiso respeta las condiciones de este; apoyar resoluciones o votar a favor de la concesión de licencias ilegales o emitir informes favorables que resulten falsificados o alejados de la realidad.
En la actual línea de responsabilidad penal de las personas jurídicas, se prevé que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de la persona física responsable haya hecho posible que una persona bajo su autoridad cometa en beneficio de la persona jurídica alguno de los delitos incluidos en la norma.
