Los funcionarios de Hacienda inician el 8 de mayo, en plena Renta, movilizaciones por un mejora salarial

La plantilla de la Agencia Tributaria ha convocado la primera movilización para reclamar una mejora de sus condiciones laborales y también salariales el próximo 8 de mayo frente a la Dirección General de la Agencia Tributaria de Madrid, tal y como advirtieron el pasado 3 de abril con el inicio de la campaña de la Renta.

Los sindicatos organizadores, CCOO, SIAT, UGT, CSIF y CIG, han avisado este jueves a través de un comunicado que si desde la Agencia Tributaria no se atienden las reivindicaciones, extenderán las movilizaciones y no descartan iniciar una huelga en plena campaña de la Renta. La campaña de la declaración del IRPF comenzó el pasado 3 de abril y finalizará el 1 de julio.

Los trabajadores piden el fin del bloqueo para reactivar el acuerdo para la carrera profesional, pendiente de desarrollo desde el año 2007. "Estamos en conflicto para exigir justicia salarial en la Agencia Tributaria. En los últimos seis años, la dirección de la Agencia Tributaria se ha dedicado a congelar la negociación colectiva para subir discrecionalmente las retribuciones de quienes más cobran. En 2023, la Agencia Tributaria contaba con 1.265 personas trabajadoras del grupo A1, que cobran los complementos específicos más altos de toda la Administración General del Estado", denuncian los sindicatos.

Complemento salarial

"Exigimos unas retribuciones justas y equilibradas para todos los trabajadores de la Agencia Tributaria. Queremos renegociar todos los complementos específicos del personal funcionario para que haya un equilibrio entre el complemento específico más alto (69.497,26 euros) y el más bajo (4.568,90 euros) y un escalonamiento proporcional dentro de cada subgrupo y entre subgrupos, así como unas retribuciones equivalentes para el personal laboral", apuntan.

Además, también reclaman el desarrollo del teletrabajo; la negociación del servicio de atención telefónico anunciado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero; y mejoras de las condiciones laborales para el colectivo de Vigilancia Aduanera, reforzando los medios materiales y humanos y catalogando este destino como profesión de riesgo tras los trágicos sucesos en Cádiz.