
La presidenta del Consejo de Estado y exministra de trabajo, Magdalena Valerio, ha recibido, de manos del presidente en funciones del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán, la Gran Cruz de la Justicia Social, la máxima distinción que otorga cada año la Fundación Justicia Social, organización dependiente del propio Consejo General.
La entrega de esta distinción se llevó a cabo en una de las semanas más difíciles en la vida profesional y personas de la exministra, puesto que, tras ser aprobado su galardón, el Tribunal Supremo anuló su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado, al considerar la Sala de lo Contencioso Administrativo, que no reunía la condición indispensable de ser "jurista de reconocido prestigio". Unos días después, tres días antes del acto de entrega de la distinción en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, fallecía el que fuera su pareja, el sociólogo Lorenzo Díaz.
El secretario del Consejo General, Alfonso Hernández Quereda, ha explicado que la concesión de esta distinción se ha aprobado por unanimidad de la Comisión : "Por su preparación y actuación en las diferentes responsabilidades que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional que ha sido y es exquisita, llena de profesionalidad y a la vez de una extraordinaria cercanía como persona".
Y el propio Joaquín Merchán ha glosado que "para conceder la Gran Cruz de la Justicia Social a Magdalena Valerio se han tenido en cuenta, entre otros méritos, su labor al frente del Ministerio de Trabajo y de la Comisión del Pacto de Toledo", ha recordado Joaquín Merchán, presidente del Consejo General".
Magdalena Valerio, emocionada a lo largo de todo el acto, no quiso defraudar el enorme cariño del colectivo de graduados sociales, por lo que decidió acudir mostrado un alto grado de entereza y dignidad, acompañada por dos de sus hijas, de una familia de cinco y tres nietos, que reveló que en la actualidad son su cobijo y apoyo en estos difíciles momentos.
Carta del presidente del Gobierno
Joaquín Merchán, antes de entregarle la Gran Cruz de la Justicia Social, leyó una carta muy cariñosa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Magdalena Valerio. Sánchez afirmó en su misiva que "siento un gran orgullo por esta distinción que recibes, pero además es una gran noticia que la sociedad civil reconozca a las personas a través de su dedicación a la política han logrado mejorar la vida de los ciudadanos. Y tú has sido una de esas personas".
Un recorrido vital
La presidenta del Consejo de Estado agradeció la destacada labor que realizan los graduados sociales e hizo un recorrido de su vida, que como hija de Guardia Civil fue errante en su infancia", recordando sus papeles como delegada de clase en los colegios y, posteriormente en la Universidad y su posterior conversión en funcionaria, destinada en Castilla-La Mancha, donde ostentó diversos cargos, bajo la tutela de José María Barreda Fontes, expresidente de la Junta, que realizó la 'laudatio' sobre la vida y méritos de la exministra de Trabajo. También, dedicó tiernas palabras sobre su pareja, tratando de evitar la lágrima, que en algunos momentos fue inevitable.
Necesidad de legislar bien
La premiada afirmo que "creo mucho en la democracia representativa, pero tenemos que dar participación a la ciudadanía no solo cada cuatro años sino a las organizaciones empresariales, sindicales, de ecologistas, de mujeres, de mayores… esa metodología de trabajo y escucha en equipo, es la única que conozco y no hay otra manera de progresar" y se ha preguntado "¿de que sirve aprobar una ley si no tienes en cuenta a los colectivos afectados por la norma?", para responderse que "todo Gobierno que se saca una norma de manera unilateral , sin acuerdo, sin consenso social y, a ser posible, sin un acuerdo político potente, suele tener las patas muy cortas".
Barrera se refirió al talante alegre y decidido de Valerio en el desarrollo de sus funciones como consejera de la Junta y destacó su lealtad, pundonor y responsabilidad al afrontar todos los retos que tuvo que afrontar en sus diversos puestos.
Otros premiados
Durante el acto, también se han entregado los premios al Mérito Social del Consejo General. Antonio Sempere Navarro, presidente de la sala de lo social del Tribunal Supremo, ha recibido el de Justicia, y Ramón Morales Muñoz, graduado social del Colegio de Madrid, el de Prevención de Riesgos Laborales.
El Premio Mérito Social a la mejor labor periodística en pro de la Justicia Social ha sido para el periódico 'El Economista' y lo ha recogido, Xavier Gil Pecharromán, director de la revista Iuris & Lex.
José Conesa, expresidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, ha recibido el Premio Mérito Social a la Trayectoria Profesional, y José Esteban Sánchez Montoya, expresidente del Colegio de Graduados Sociales de Granada, el Premio Mérito Social a la Defensa de la Profesión.
Las menciones de Honor han correspondido a Alejandro Patuel, jefe de la Unidad Especialista de Seguridad y Salud Laboral en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castellón; y Emilio Fernández de Mata, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El acto institucional fue presidido por Joaquín Merchán, y en la mesa presidencial participaron Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas; Borja Suárez Corujo, secretario de Estado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno de Madrid; y Ángels García Vidal, directora general del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Finalmente, en un acto posterior, celebrado en el Hotel Intercontinental, el anterior presidente del Consejo, Ricardo Gabaldón, recibió una placa de reconocimiento por su dedicación, en lo que Joaquín Merchán calificó como el mandato más difícil de esta institución, ante las consecuencias de la pandemia de COVID-19, y la borrasca Filomena y las exigencias y urgencias de las Administraciones para resolver los problemas generados.
-Xavier Gil Pecharromán, director de Iuris & Lex, recoge la distinción del Consejo de Graduados Sociales-.Relacionados
- No vale como prueba judicial el documento que ha omitido Hacienda en el acto administrativo
- Las normas sobre inteligencia artificial exigirán la intervención humana en los despidos
- La Ley de Inteligencia Artificial amplía los usos públicos sobre el texto inicial de la Comisión Europea
- La falta de ley impide el uso de datos biométricos para el control de acceso