Madrid
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señala que el cambio en el titular de una notaría debe asimilarse a un cambio de empresario, una circunstancia en la que los empleados estarían protegidos por la Directiva europea relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión a empresa.
El litigio parte de la demanda interpuesta por cuatro notarios de Madrid para que declarase ilegales sus despidos por parte de un nuevo titular de la notaría. El nuevo notario justificó los ceses alegando que no habían superado el periodo de prueba.
Los notarios afectados pidieron a la Justicia madrileña que se mantuviera su antigüedad desde que comenzaron a trabajar en la empresa, mientras que el notario que se quedó con la titularidad de la firma alega que la antigüedad empezó a contar desde la fecha en la que suscribió los contratos de trabajo con los cuatro empleados.
El TJUE no resuelve el caso sino que lo vuelve a remitir al juez de Madrid para que lo verifique. Concretamente, el tribunal europeo señala en su sentencia de este jueves que el cambio en el titular no implica necesariamente que la identidad de la notaría cambie. "El mantenimiento de esta identidad constituye precisamente el criterio decisivo para determinar la existencia de transmisión en el sentido de la Directiva", asevera.
Así, subraya que la actividad de una notaría depende fundamentalmente de su mano de obra, de modo que puede mantener su identidad tras su transmisión si el nuevo titular se hace cargo de una parte sustancial de la plantilla, permitiéndole de esta manera continuar las actividades de la notaría. Según el TJUE, este parece ser el caso del asunto, puesto que el nuevo notario ejerce la misma actividad que su predecesor y se hizo cargo de una parte sustancial de la plantilla que este empleaba y también asumió los medios materiales y los locales de la notaría y se convirtió de esta forma en el depositario de los documentos que en ella se conservan.
No obstante, pide al tribunal español que verifique este extremo para determinar si, efectivamente, supone una transmisión de empresa, lo que permitiría mantener los derechos de los trabajadores.