Bruselas
Bruselas vuelve a reprochar a España que no haya renovado el Consejo General del Poder Judicial. No se trata, sin embargo, de un nuevo reclamo. En el que es su cuarto informe sobre el Estado de Derecho de la UE, la Comisión Europea ha pedido la renovación de la composición del CGPJ con carácter "prioritario". Algo que ya debía haber hecho en 2018 y que, apunta, genera "serias preocupaciones".
"En España, la situación del Consejo del Poder Judicial suscita serias preocupaciones, ya que, en primer lugar, el Consejo no ha sido renovado a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros", reprocha la Comisión Europea en su informe del Estado de Derecho publicado este miércoles.
El bloqueo en este proceso, "repercute en los nombramientos en el Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto", advierte el Ejecutivo comunitario. Un análisis al que ya había apuntado en previas ocasiones y sobre el que vuelve a poder el acento.
La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, ha mostrado la independencia de esta recomendación de cualquier fuerza política. Preguntada por un posible cambio en el Ejecutivo español tras las elecciones del 23 de julio ha confirmado que Bruselas tiene la "mismas expectativas independientemente de quien esté en el Gobierno y de qué partido gane las elecciones".
"Hemos dejado claro en el pasado que el bloqueo del CGPJ nos genera grandes preocupaciones", ha indicado Jourova que ha enfatizado "el impacto que tiene en el Tribunal Supremo y en el sistema judicial al completo. No es nuevo. Pedimos a los políticos españoles que la renovación del CGPJ sea una prioridad".
El proceso de renovación de este órgano responsable del nombramiento de los jueces está bloqueado desde hace cuatro años. El mismo tiempo que la Comisión Europea lleva reprendiendo a España por este asunto y pidiendo que sean los magistrados los que nombren a la mitad de los miembros de este organismo, en lugar de los diputados, como actualmente.
El informe reconoce que el número de jueces ha aumentado y que se han tomado medidas para gestionar los retos relacionados con la dotación de recursos del sistema judicial.
Si bien el análisis de Bruselas se hace eco de las críticas sociales suscitadas respecto a la reforma de los delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito y la revisión de la malversación, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha mostrado su preocupación por las implicaciones que podría tener en la lucha contra el blanqueo de dinero. "Estamos analizando la situación", ha asegurado el comisario belga.
La Comisión Europea ha criticado que el Ejecutivo español no haya realizado "progresos en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General" y, concretamente, en la separación de la duración en su cargo con la duración de un Gobierno. Por otro lado, critica que no se haya modificado la ley que regula la financiación de los partidos políticos pese a que lo haya reclamado formalmente el Tribunal de Cuentas de la UE.
También afea que el Gobierno español no haya abordado los desafíos vinculados a la duración de las investigaciones judiciales y puesto en marcha las medidas necesarias para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel. Y es que Bruselas considera que España no aplica adecuadamente las normas de conflictos de interés en altos cargos.