Las asociaciones convocantes de jueces y fiscales han aceptado finalmente la propuesta del Gobierno de aplazar la huelga indefinida que estaba programada el 16 de mayo y han desplazado la fecha para el próximo lunes 22 de mayo, para que el Ministerio de Justicia tenga margen de maniobra y pueda elaborar una oferta económica que consiga frenar el conflicto. A cambio de aplazar la jornada, los líderes asociativos se reunirán en la mesa de retribuciones para avanzar con la negociación.
El Gobierno dispondrá de un plazo de diez días para mejorar la propuesta de 46.7 millones de euros (lo equivalente a 490 euros mensuales) que el colectivo tachó de "inaceptable" e "inasumible". Ante las pretensiones del Ministerio de Justicia para llegar a un acuerdo, las asociaciones convocantes votaron este jueves suspender la jornada de huelga inicial "como gesto de buena voluntad".
Las asociaciones manifestantes remitieron un comunicado en el que exponen que el motivo principal por el que se ha decidido retrasar la huelga es porque el marco de las negociaciones siguen un marco positivo con "una actitud constructiva, con una secuencia lógica de las propuestas que revelan un verdadero espíritu negociador" y añaden que, "desde la responsabilidad, optamos ahora por mantener esa misma línea de actuación y ampliar el margen de negociación durante unos días, como solicita el Ministerio. Confiamos en que este margen adicional no se desperdicie", manifiestan.
Dos huelgas el mismo día
Cabe recordar que el conflicto de los funcionarios de Justicia sigue en pie y ya dejaron claro que su intención era convocar jornadas de huelgas indefinidas de lunes a viernes a partir del mismo 22 de mayo, es decir, el mismo día que los jueces y fiscales tienen previsto iniciar sus paros. Este gremio también advirtió al Gobierno su deseo de negociar ante la pasividad recibida por el Ministerio de Pilar Llop con respecto a los letrados y los jueces que han tenido tres reuniones para negociar mientras estos siguen a la espera. Los funcionarios de la Administración dieron un plazo de diez días (hasta el 20 de mayo) para recibir una oferta económica, o en caso contrario, endurecerían las movilizaciones.
Los funcionarios reclaman una subida salarial comprendida entre los 350 y 450 euros mensuales como "complemento general del puesto" para los más de 45.000 funcionarios que conforman la Administración de Justicia y esperarán hasta el de mayo para recibir una oferta.
Las protestas de estos funcionarios ya han paralizado más de 10 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios.
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