La Unión Europea (UE) está considerando la posibilidad de imponer un gravamen, como prestación patrimonial y no como impuesto, que grave el beneficio que obtienen los grandes grupos multinacionales por poder operar en un mercado interior europeo único, ante el atractivo de operar con una gran seguridad jurídica, según explicó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el transcurso de su intervención en el Congreso Fiscal 2023, organizado por la editorial Lefebvre.
Esta podría ser una de las medias a adoptar si finalmente no se llegase a un acuerdo entre los países de la UE con respecto a la tributación mínima para las grandes empresas, pero esta situación está condicionada a la aprobación en el seno la OCDE del llamado Pilar 1 sobre fiscalidad mínima para grandes empresas, que afecta a las multinacionales con ingresos globales superiores a 20.000 millones de euros y rentabilidad por encima del 10%, excluyendo las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados.
Gascón ha señalado que hay grandes expectativas de que con la Presidencia española de la UE, en el segundo semestre de este año, se puedan ultimar muchos de los expedientes tributarios que durante toda la legislatura Europea se han ido avanzando. No obstante, ha reconocido que "es bastante impredecible saber qué se puede aprobar durante en este tiempo teniendo en cuenta que en el ámbito tributario rige la regla de la unanimidad y conseguir consensos y acuerdos entre Veintisiete no es nada sencillo".
Con este marco fiscal se busca asignar los ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos. Los beneficios en exceso del 10% (hasta 25% máximo) se asignarán a los países, mediante el reparto de ingresos.
En la actualidad se debaten aspectos como si se deben repartir los beneficios por países de acuerdo con los ratios de ventas, por beneficios o por otros indicadores, defendidos por cada uno de los países de acuerdo a sus intereses. Si se llegase a un acuerdo en la OCDE en el Ecofin de julio se debería concretar si la UE quiere que esta figura impositiva constituya un recurso propio para la UE. "Si queremos que sea así, necesitaremos una directiva, pero si no lo fuera, se deberá transponer el Pilar 1 en todos los países de la UE", dijo Gascón.
Con respecto al segundo pilar, para empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel global, con un tipo mínimo en Sociedades del 15% en cada jurisdicción el secretario de Estado ha comentado que, de aprobarse, se tendría que analizar "si España se puede permitir el lujo de tener dos Impuestos sobre Sociedades en paralelo, el de las grandes empresas con la base armonizada europea y el de las pequeñas sociedades con la base impositiva nacional.
Gascón ha anunciado que el Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas el desarrollo reglamentario de la obligación de informar a la Agencia Tributaria de las operaciones con criptomonedas, que ya debía regir este ejercicio, pero que no fue posible por el retraso en la elaboración de los modelos. Sobre la Directiva de criptoactivos (DAC8) aún no hay borrador.
Además, ha ratificado la voluntad del Gobierno de acabar con el sistema de módulos e imponer el IVA franquiciado para los más pequeños, medida en fase muy temprana, ya que no podrán deducirse el IVA, como los consumidores.
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