Los trabajadores que prestan servicios en empresas de comunicación audiovisual sin licencia serán los responsables administrativos de las sanciones e infracciones interpuestas en lugar de la propia empresa, en base a lo definido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. El Tribunal Supremo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, mantiene en su fallo que la responsabilidad será de la persona física o jurídica que tenga el control efectivo de los contenidos que se emiten.
Según el artículo 2.1 de la Ley, se considera prestador de comunicación audiovisual a la "persona física o jurídica que tiene la responsabilidad editorial sobre la selección de los programas y contenidos audiovisuales del servicio de comunicación audiovisual y determina la manera en que se organiza dicho contenido".
El Supremo responde por tanto a la problemática de determinar si los cargos corresponderían directamente al titular administrador de la empresa, al ser este el encargado de difundir y emitir todos los contenidos. Sin embargo, la Sala determina que el administrador es aquel que actúa en nombre de la empresa y no de las publicaciones de sus empleados al ser estos últimos los controladores efectivos sobre los programas emitidos.
Asimismo, los empleados sin licencia no solo se harán cargo de las sanciones a la empresa, sino que también deberán enfrentarse a infracciones más graves por ejercer sin la preparación previa correspondiente.
"La prestación del servicio sin disponer de licencia ha de imputarse a la persona física o jurídica que ejerce el control efectivo sobre la actividad editorial de los contenidos que se emiten, con independencia de otras consideraciones, tales como la titularidad jurídica de la cadena y de las personas que la representen", dicta el Supremo.
