Es la Agencia Tributaria y no el comprador quien tiene que justificar debidamente el valor del inmueble cuando la tasación realizada por Hacienda difiera con la estimada como valor real. Así lo ha fijado el Tribunal Supremo en una sentencia sobre la aplicación del nuevo valor de referencia del catastro o 'catastrazo'.
En una sentencia fechada el pasado 23 de enero recogida por Efe, la sala de lo contencioso estima parte del recurso de una empresa contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) sobre el cálculo del que deriva el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La empresa adquirió una finca y presentó una autoliquidación en la que la valoraba en 408.000 euros, por lo que abonó una plusvalía de 6.120 euros, pero la tasación posterior de la propiedad por parte de la Consejería de Hacienda ascendió a 1,06 millones y exigió el pago de 10.419,59 euros.
Ahora, el Supremo ha aclarado que es la Administración la que tiene que justificar la tasación del inmueble cuando su cálculo no coincida con el valor real del inmueble. Según señala el tribunal, el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes "no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien", y perjudica claramente a los compradores.
Hacienda aplica desde octubre de 2021 un método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano que aplica un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral para comprobar el valor declarado a efectos del impuesto. Esto permite a la Administración tributaria "invertir la carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor comprobado obtenido no se corresponde con el valor real", añade el Supremo.
La sentencia dicta que es la Administración quien tiene que "justificar, antes de comprobar", que hay algo que merezca ser comprobado, esto es, "verificado en su realidad o exactitud por ser dudosa su correspondencia con la realidad". Es decir, Hacienda podrá seguir comprobando si el valor declarado es o no es correcto, pero tiene que motivar o justificar el valor que le otorga, concluye la sentencia.
