Los letrados del Tribunal Supremo (TS) remitieron ayer un comunicado manifestando su propósito de apoyar a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y unirse a la huelga indefinida en su lucha por la mejora de condiciones salariales donde justifican su compromiso con la "comparecencia ofensiva del secretario de Estado, tanto para nuestra profesión como para la propia Administración de Justicia".
Los letrados del Supremo apelan que el escenario actual vigente entre los letrados y el Ministerio es causa de la "falta de proyecto" de la administración ministerial, señalando al secretario del Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez como principal responsable tras reiterar que la huelga es una medida de "interés y fuera de lugar" y abogan a que sea la ministra, Pilar Llop, o los partidos políticos los mediadores de una "negociación sincera y directa" con las asociaciones de los letrados de la administración de Justicia para llegar a un acuerdo y apaciguar el conflicto.
Tasa de participación
La huelga ya ha cumplido una semana desde su convocatoria el pasado 24 de enero, según los letrados, el seguimiento de la huelga en su sexta jornada ha sido del 75%, en contraposición a los datos del Ministerio de Justicia que dictan todo lo contrario, con una tasa de participación baja del 20,63%. El resto de días, los letrados marcan la participación entre un 75% y un 81% mientras que por parte de Justicia tasan la cifra entre un 20,13% y un 28,23%. Dichos datos de participación han caldeado aún más la relación entre Justicia y los letrados quiénes denunciaron la falsedad documental de la administración, acusando su falta de transparencia con la publicación de "datos sesgados y totalmente erróneos en su intento de desmotivar la convocatoria".
Parálisis y perjuicio judicial
La falta de ejercicio de los LAJ se traduce en la ausencia de ejercicio en tribunales y juzgados, paralizando la celebración de los actos judiciales en todo el país, tomando como ejemplo el caso Villarejo, donde el juez se ha visto obligado a suspender una declaración testifical, o el caso reactivado del procés, que se han suspendido los recursos de defensa de los independentistas huidos por su delito de malversación tras la reforma penal ante la falta de personal, debido a la intromisión del 80% de los letrados del TS a la huelga.
El comité de huelga revela que se han paralizado "miles de juicios y actuaciones judiciales" lo que ha derivado a la pérdida de circulación entre 120 y 160 millones de euros procedentes de las cuentas de consignaciones judiciales". Además, "se han producido 2,5 millones de notificaciones menos que las correspondientes al mismo periodo del año anterior", declaran.
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