La Comunidad de Madrid lleva el negocio de paquetería de Cabify hasta el Tribunal Supremo. Pese a sufrir un revés el pasado mes de abril en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la administración autonómica ha presentado un recurso de casación en el Alto Tribunal.
En un auto del pasado mes de diciembre, el Supremo admite a trámite este recurso y considera que sí existe interés casacional para "la formación de jurisprudencia" y determinar si una autorización de transporte de la clase VTC está habilitada "para la prestación de un servicio de transporte de pequeñas mercancías al margen del transporte de pasajeros", reza la documentación consultada por elEconomista.es.
El recurso se ha elevado a la mayor instancia después de que en verano la Comunidad de Madrid se diera de bruces en su intento de que Cabify detuviera esta actividad. En su sentencia, el TSJM fue contundente al asegurar no solo que esta actividad se podía llevar a cabo, sino que la Comunidad de Madrid "vulneró el derecho de libertad de establecimiento" de la compañía al "introducir requisitos innecesarios y desproporcionados".
En dicho recurso, Cabify puso de manifiesto que había asistido a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y al Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), donde obtuvo opiniones favorables a la continuidad de su actividad.
Tres años de actividad
Este negocio de nueva creación nació en 2020, en plena pandemia, para compensar la caída de ingreso que su negocio tradicional, el de transporte de viajeros, se había reducido drásticamente con motivo de la crisis sanitaria.
Tras su estreno el 8 de abril, la Consejería de la Comunidad de Madrid mostró su disconformidad con esta nueva actividad. "Se constata que se trata de una empresa que no está habilitada para el transporte de mercancías y que el servicio se presta con vehículos turismo, que no están acondicionados para la realización de este tipo de actividad", explicaron desde la administración a través de un comunicado.
Cabify atendió a esta advertencia y reformuló su servicio, dejando de ser intermediaria y traspasando la actividad a una filial del grupo Maxi Mobility (la matriz). La compañía, no obstante, recibió críticas desde otras organizaciones como el sindicato CCOO. También se pronunciaron en contra la organización de taxistas Fedetaxi y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
Cabify presta este servicio a través de su aplicación y de la sociedad Prestige and Limousine, que da nombre a la aplicación de estos envíos (EnvíosPYL). Los vehículos que utiliza son, por norma, los VTC habituales, aunque con ciertos requisitos por el tamaño de los paquetes que transportan.
