Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha decidido este viernes aceptar la petición del comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia para ejercer de mediador entre el funcionariado y el Ministerio de Justicia de Pilar Llop para paliar el conflicto y tratar de llegar a un acuerdo para solucionar la disputa entre ambos frentes y así evitar la amenaza de huelga indefinida que lleva a anunciando tiempo atrás los letrados.
"Estamos dispuestas a agotar todas las vías, y por ello, además de los mediadores ya propuestos, por si no fueren del agrado de la Sra. Ministra ante su falta de respuesta, proponemos a otra personalidad independiente, al Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, don Eugenio Ribón, igualmente profesional de reconocido prestigio en el mundo judicial y conocedor de los intereses en conflicto", expresan los letrados a través de un comunicado.
El propósito del Colegio de Madrid es reunir al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y a la ministra de justicia para acercar posturas y evitar la entrada de la huelga que supondría la congelación judicial que afectaría de lleno a los ciudadanos, empresas y operadores jurídicos ante la incapacidad de poder acceder a los órganos de justicia.
"Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) no podemos permanecer impasibles ante la posible paralización del sistema judicial español y las consecuencias de ello para ciudadanía y empresas. Por ello, será un honor participar en la mediación para agilizar la búsqueda de una solución al conflicto. Emplazamos al ministerio de Justicia a aceptar nuestra intervención y encontrar una salida en beneficio de toda la sociedad", apunta Eugenio Ribón, decano del ICAM.
Si la huelga indefinida a partir del 24 de enero llega a producirse, todos los trámites judiciales que se encuentran actualmente en proceso deberán paralizarse, además, conllevaría la paralización de los pagos judiciales a particulares, como pensiones de alimentos o indemnizaciones, y al Tesoro Público, afectando a 45.000 millones de euros, según han cuantificado los propios convocantes de la huelga.
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