La Abogacía Española considera que la Ley del Derecho de Defensa debe incorporar medidas para luchar contra el intrusismo, así como la inclusión del abogado de empresa al ámbito del secreto profesional y no quedarse solo en la regulación del amparo colegial, en el que se centra el borrador de anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno.
En sus alegaciones, con un total de 21, la Abogacía propone que el texto defina que es intrusismo la realización de actuaciones profesionales sin cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para el ejercicio de la profesión.
También, hace hincapié en la necesidad de que se proceda a una reforma del Código Penal para que se endurezca el tratamiento de las agresiones a los letrados en el ejercicio de sus funciones, con penas de uno a cuatro años de prisión.
Sobre el amparo colegial, la Abogacía propone ampliar el texto con definiciones explícitas, como que "la institución colegial amparará al profesional de la abogacía cuando sea perturbado en el ejercicio de su función".
Además, dice que es preciso que se afiance la independencia de los profesionales, que los colegios regulen el procedimiento de amparo y que otorgar el amparo implique el ejercicio de todas las actuaciones que lleven a la desaparición de las causas de perturbación.
Secreto profesional
En cuanto al secreto profesional la Abogacía Española ha encontrado dos aspectos que quedan fuera del texto y que considera muy relevantes. Uno de ellos es la incorporación expresa de los profesionales de empresa, por lo que la propuesta incluye a los abogados "por cuenta propia o por cuenta ajena", incluidos los casos de relación laboral con el cliente. El otro aspecto se refiere a registros en los despachos profesionales, donde entiende que es preciso incluir la presencia de un funcionario competente "así como de un representante del Colegio de la Abogacía correspondiente".
También considera que la Ley de Derecho de Defensa debe recoger todas las garantías para que el ciudadano pueda gozar de la máxima protección. Considera que este es el texto normativo adecuado para profundizar en la transparencia que debe presidir la relación entre abogado y cliente.
Así, propone incluir el derecho del cliente a conocer la identidad y número de colegiación del letrado que le asiste en todas sus actuaciones profesionales. De esta forma, se pretende acabar con situaciones de prestación de servicios jurídicos en las que el cliente no conoce la identidad de la persona que le atiende, su condición de profesional de la abogacía ni de su colegiación. Por ello, recomienda que se efectúe a través de la contratación online, mediante el uso de plataformas digitales.
La Abogacía explica también, que esta norma puede ser una oportunidad para regular sanciones ejemplares contra quienes cometan algún acto de intimidación o agresión contra un profesional actuando en el ejercicio de la abogacía.
A través de ella, la Abogacía propone que se introduzca una reforma del artículo 464 del Código Penal, que incluye penas de prisión de uno a cuatro años contra quienes "con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte, investigado o procesado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en cualquier procedimiento o acto preparatorio que modifique su actuación procesal". La Abogacía solicita que estas penas se agraven cuando las agresiones se realicen con armas.
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