La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una propuesta de la vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, para mejorar una coordinación eficaz entre los juzgados del orden penal con competencias en violencia sobre la mujer y los juzgados de primera instancia con procedimientos de familia.
La propuesta se basa en un informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ a raíz de un caso ocurrido en Sueca (Valencia), y pretende establecer un cauce de comunicación estable que permita a los órganos con competencias de familia tener conocimiento y acceder a las resoluciones dictadas por los juzgados cuando presunto agresor y víctima están a su vez en trámites de separación.
La Comisión Permanente ha aprobado un acuerdo en el que se considera necesario que los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) promuevan en sus territorios que todos los juzgados del orden civil soliciten a Justicia el acceso al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) para poder consultar si existen procedimientos penales de violencia machista, sentencias condenatorias o medidas cautelares que afecten al proceso de separación o divorcio en curso.
Se aboga por que el Ministerio promueva una legislación que obligue a consultar el SIRAJ y que este disponga de un sistema de alertas que avise a los juzgados de familia de forma inmediata y automática de la existencia de resoluciones penales que afecten al proceso civil sin necesidad de realizar consultas sucesivas y reiteradas. Integrar los sistemas autonómicos de gestión procesal con el propio SIRAJ. Y se apuesta por la creación de un protocolo de actuación entre juzgados civiles y penales, que establezca la forma de acceso a la información del Registro, así como cuál debe ser su tratamiento y utilización.
También, piden el establecimiento de un modelo de comunicación en los sistemas de gestión procesal para que los juzgados de familia conozcan las resoluciones penales que puedan afectarles y, a su vez, que los penales accedan a la incoación de un proceso civil en el que sean parte el investigado y la víctima.
La Fiscalía General debería reforzar su labor de coordinación entre los juzgados de familia y los órganos penales con el fin de que unos y otros puedan conocer con inmediatez las resoluciones que afecten a los procedimientos en curso.
La Fiscalía debería consultar el fichero, antes de emitir su informe. Y, finalmente, urge que los órganos judiciales tengan la obligación de solicitar el acceso a la base de datos de VioGén del Ministerio de Interior, donde queda registrada toda la información relevante sobre la víctima.
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