Alfredo Echevarría, director de análisis de LightHouse (el servicio de análisis del IEAF para pequeñas compañías) ha puesto de relieve que el nivel de estandarización de la información sobre cuestiones ESG es "todavía muy bajo". "En la manera en que las compañías reportan, en que son calificadas por terceros, en que están integradas en índices ESG... el nivel de uniformidad es muy limitado", denunció este jueves, en el marco de un seminario online sobre La importancia de los objetivos ESG para la financiación de las empresas, en el que tildó las exigencias derivadas de la taxonomía europea de "endiabladas" para las firmas pequeñas.
Echevarría pronosticó, de hecho, que se producirá en principio un "desencuentro" entre lo que las empresas tendrán que reportar y lo que podrán hacer. "Cuando miro la información requerida en la taxonomía, como analista fundamental tradicional, me doy cuenta de que para una compañía el contestar a esas preguntas es extraordinariamente complejo. Para mí, el nudo gordiano de este asunto es si las compañías tienen que aterrizar en ebitdas (resultados brutos de explotación) por actividad, es un asunto que es más fácil de exigir regulatoriamente que de llevar a la práctica por parte de las empresas", ha explicado.
"Lo que vale para Telefónica, Iberdrola o Inditex no es lo idóneo para las pequeñas", explica Alfredo Echevarría
La obligación de presentar información no financiera se ha ampliado hasta las compañías con al menos 250 empleados (hasta 2020, solo llegaba hasta las que superaban los 500). En opinión de Echevarría, esta imposición, que se percibía inicialmente como algo que solo tocaba a las empresas más grandes y líquidas, previsiblemente "acabará afectando a todo el mundo, no solo a los que ahora salen en la foto del regulador". El nuevo límite se ha puesto por ahora, concretamente, en las empresas de más de 250 empleados, y que hayan tenido al menos 20 millones de euros de activos, o al menos 40 millones de cifra de negocio en los últimos 2 años.
También apuntó Echevarría a la necesidad de ratings ESG "adaptados a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas", ya que los ratings de sostenibilidad existentes son más aptos para empresas grandes, ya que "consumen mucha información por parte de quien elabora esa calificación, una información que las compañías pequeñas tienen menos capacidad de aportar". Lo que vale para Telefónica, Iberdrola o Inditex no es lo idóneo para las pequeñas, añadió. Desde el IEAF han lanzado un servicio de análisis ESG para valores pequeños, cotizados o no, que incluye un rating propio.
Respecto a los costes que implica ese reporte, en algún momento se debería llegar "a una automatización de la toma de datos", pero a día de hoy las compañías todavía tienen que preparar esa información desde cero, de modo que el coste "es relevante, en términos de hora/empleado", ha explicado Echevarría. También es cierto que, una vez realizada esa inversión, la compañía podrá rentabilizarla durante mucho tiempo, porque se habrá preparado para contestar a estas cuestiones, ha añadido.
El director de análisis de LightHouse quiso poner el énfasis en que "lo que una compañía se encuentra cuando se acerca a este mundo es que, a diferencia del mundo financiero clásico, donde el nivel de estandarización es bestial (y si genera o no cash flow es algo que está perfectamente delimitado porque hay parámetros que lo establecen), a la hora de calificar si una compañía tiene un buen o mal cumplimiento de los criterios ESG, la estandarización es muy baja". Por tanto, las empresas de menor tamaño "se enfrentan a un mundo de una complejidad enorme". Con la presión añadida de que la financiación bancaria a compañías ya tiene en cuenta su grado de cumplimiento en ESG (tengan o no 250 empleados), de modo que este factor también condicionará su capacidad de financiación, y el precio de ésta.
Por su parte, José María López, director de relaciones institucionales y de RSC, y coordinador de ESG de Unicaja Banco, recordó que las entidades están elaborando metodologías internas para incluir, en el análisis de la financiación que conceden, esos elementos de sostenibilidad. "A partir de ahora, las entidades bancarias van a preguntar al cliente cuestiones relacionadas con su solvencia o con la aportación de garantías, pero cada vez más preguntarán más por su gestión de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza", y esto afectará a las condiciones del crédito, aclaró. En este sentido, el directivo de Unicaja reclamó "estándares comunes que nos permitan, al hablar el lenguaje de la sostenibilidad, que el sector y los clientes hablen el mismo idioma". Las empresas están desarrollando metodologías propias que se irán alineando con la taxonomía de la UE, pero esos ratings ESG externos será muy habitual que estén basados "en proveedores externos".
