Las comunidades autónomas podrán continuar adjudicando a dedo los cursos de su competencia. Los recursos que se sacarán a libre concurrencia para cursos no llegarán a 30 millones de euros.
Cambiar para que nadie cambie. Así se puede resumir el proyecto de reforma de la formación para el empleo que el Gobierno está negociando con los agentes sociales, con el objetivo de que pueda estar listo para presentar al Consejo de Ministros antes del verano.
Un proyecto de reforma que, tras la reunión mantenida esta semana en el Ministerio de Empleo y que, salvo cambios de última hora, no va a introducir controles para combatir el fraude, salvo la obligatoriedad de realizar un informe de auditoría para las empresas adjudicatarias de los cursos. Auditoría que, en la normativa actual, es sólo de carácter voluntario.
También se incluye la creación de una unidad específica de control y de un buzón de denuncias que será gestionado por la Fundación Estatal para la formación en el empleo que, de acuerdo con el borrador del proyecto entregado por el Ministerio, "podría aportar vías ágiles para la transparencia y publicidad" de las situaciones fraudulentas en los cursos.
Además, la Administración estima que la cofinanciación por parte de las empresas en las actividades de formación y la financiación mediante anticipo parcial favorecerán la eficacia de la formación prestada y el papel de los beneficiarios en el control.
El proyecto del Gobierno mantiene la figura de la Comisión Tripartita (Administración, patronales y sindicatos mayoritarios) y confiere a los agentes sociales un papel fundamental como protagonistas de la planificación, la programación y el desarrollo de las actividades de formación para el empleo, aunque no en la impetración de los cursos,
A este respecto, el proyecto conserva también los dos sistemas de formación. El llamado sistema de demanda, que es el que realizan las propias empresas en sus centros para sus trabajadores; y el sistema de oferta, con carácter subsidiaria, para las necesidades no cubiertas por las empresas y que incluye a los trabajadores ocupados de las empresas que no realizan la formación propia, a los empleados públicos, a los desempleados, a los trabajadores autónomos, al Ejército y a los cuidadores no profesionales.
Del total de los fondos totales, para aumentar los recursos que se destinarán para que las empresas paguen su propia formación directa, mediante el sistema de compensación de cuotas, pasa al 80 por ciento de todos los fondos disponibles, frente al 60 por ciento que se les otorga ahora. Además, se flexibilizan también de forma muy elevada las condiciones para que las empresas puedan acceder a formación directa y se potencia la decisión empresarial en la programación de los cursos que estima necesarios.
El papel de las autonomías
En concreto, el texto del borrador del proyecto considera que esta formación programada por las empresas debe ser "la vía para dar respuesta a las necesidades inmediatas relacionadas con adaptaciones en procesos productivos y en la organización del trabajo".
El 20 por ciento restante de los fondos será el que gestione, como ahora, la Fundación Tripartita, y en este punto, el proyecto del Gobierno da entrada en esta institución a las comunidades autónomas.
Precisamente serán las comunidades autónomas las que controlarán en torno al 15 por ciento de esta última cantidad y sin obligación de sacar la convocatoria de sus actividades formativas a la libre concurrencia, lo que abre la puerta a que puedan seguir realizando adjudicaciones "a dedo", como presuntamente había podido pasar en Andalucía y en Madrid.
Con este reparto al Estado sólo le quedará un 5 por ciento aproximadamente de los fondos disponibles, que serán los que se saquen a licitación pública mediante libre concurrencia, aproximadamente unos 89 millones de euros, y a los que también podrán presentarse las empresas de formación de las organizaciones empresariales y de las centrales sindicales.
Una licitación para la que, descontando los fondos para la formación de los empleados públicos, desempleados y autónomos, fuentes próximas a la negociación estiman que apenas quedarán disponibles unos 30 millones de euros.
Otro punto en el que ya hay acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales es en el de la Cuenta de Formación del Trabajador, más conocida como la "mochila de la formación" que permitirá crear una especie de registro con la formación recibida por cada trabajador y que le permirá tener un certificado oficial de cuantificación.
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