El Gobierno se prepara para lanzar un plan de reactivación económica y del crecimiento con la intención de generar 370.000 empleos hasta 2016. El pistoletazo de salida lo dio ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso de los Diputados pero el testigo lo recogieron el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, en un foro organizado por Aege y elEconomista donde desgranaron algunas de las medidas que se están preparando.
La secretaria general de Industria anunció que la próxima semana se lanzarán los dos principales planes de apoyo industrial del Gobierno que contarán con una dotación de 1.060 millones de euros.
Según explicó, la intención es lanzar una línea de ayuda a la reindustrialización dotada con un presupuesto de 700 millones de euros y otra destinada a fomentar la competitividad y la innovación con 360 millones de euros.
A estas primeras medidas, se añade el plan de reactivación que están preparando con la ayuda de Boston Consulting Group. Según el informe que está sirviendo de base para elaborar este plan de crecimiento a corto plazo existen diez íneas de actuación previstas pueden permitir elevar la contribución de la industria al PIB hasta el 17,4 por ciento entre 2015 y 2016.
Arbitrajes internacionales
El Gobierno quiere desarrollar un mecanismo de protección de los inversores ante eventuales modificaciones de las normas. Para ello, se pretende crear un mecanismo de arbitraje entre el Gobierno y los inversores internacionales para determinar el impacto de los cambios y crear un fondo de garantía que asegure las responsabilidades económicas por dichos cambios, un extremo que puede convertirse en una solución para los fondos de inversión internacionales que han llevado a España ante los tribunales arbitrales internacionales tras el choque que mantienen por los recortes a las renovables.
El Gobierno quiere fijar un compromiso que garantice un periodo de amortización mínimo, de modo que asegure la rentabilidad de las inversiones, como ya ha hecho en materia energética, al fijar los seis años del periodo regulatorio.
Según el texto de dicho documento se pretende reforzar las exportaciones españolas en mercados de alto potencial fuera de la UE.
Para ello quieren crear un listado de países y sectores prioritarios analizando el nivel de importaciones y su crecimiento esperado y reforzar las medidas de apoyo económica adaptando las bases de los programas de ayuda del Icex y del Ministerio de Industria. El Gobierno asignará partidas presupuestarias por país de destino y reforzará las medidas de asesoramiento creando servicios específicos como una ventanilla única y reduciendo los plazos de los trámites administrativos.
Dentro del plan, en el que se pretende involucrar a prácticamente todos los departamentos ministeriales, el Gobierno pretende intensificar las relaciones diplomáticas y asegurar la coordinación de las embajadas y consulados con el Icex.
En el documento de propuesta se quiere incentivar también la multilocalización de las industrias españolas. Para ello, se plantean apoyar a las empresas en la repatriación de beneficios, facilitar la obtención de permisos de trabajo y establecer desgravaciones en el impuesto de sociedades para inversiones en el extranjero. Otra de las opciones pasa por reforzar el apoyo a las empresas proveedoras de las grandes compañías aumentando los fondos del Icex.
Impulsar la comercailización de productos industriales facilitando la obtención de referencias mediante la contratación pública y reforzar el posicionamiento de España como sede de multinacionales priorizando la retención de activdades de gran valor añadido con medidas de carácter fiscal y creando un programa de soporte para las gestiones administrativas.
El Gobierno quiere mantener y reforzar programas como el Plan PIVE para vehículos de motor o los planes Renove de equipamiento doméstico, pero la intención ahora debe ser aumentar la vocación temporal y priorizar los sectores que pueden generar un mayor crecimiento, así como aquellos que se basen en productos "Made in Spain".
Para ello, se quiere crear en el Ministerio de Industria un sistema de certificación y etiquetaje que controlará un organismo dentro de este departamento.
El plan pretende también orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses industriales; incentivar la eficiencia y la orientación comercial del I+D+i; apoyar el crecimiento y profesionalización de las pymes; adaptar el modelo educativo a las necesidades de la empresa.
El Gobierno quiere aumentar el peso de la financiación no convencional mediante la potenciación de Mercado Alternativo de Renta Fija y del Mercado Alternativo Bursátil.
Más capital riesgo
Para ello, quieren reasignar parte de los fondos del Ministerio de Industria a desarrollar instrumentos de inversión de capital riesgo, a tomar participaciones minoritarias en el capital de las empresas o a crear una línea de financiación a pymes con créditos participativos.
El informe prevé también la creación de incentivos fiscales para emitir deuda corporativa y reforzarlos para las inversiones en pymes por parte de business angels y particulares. El Gobierno quiere mejorar la competitividad de los factores productivos clave (logísitico, laboral y energético) armonizando la normativa de carga para el transporte en carretera, los convoyes ferroviarios de 750 metros y la eliminación de las habilitaciones para cargadores y descargadores.
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