El presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional (AN), ahora bajo control de la oposición, una medida que no contempla la Constitución y que, en cualquier caso, el presidente no tiene poder para tomar. De hacerlo, el presidente de la AN, Juan Guaidó, dejaría de ser el presidente en funciones legítimo del país, cargo que ocupa como líder del Legislativo.
"Vamos a hacer elecciones, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional", ha afirmado Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores de Caracas convocado para conmemorar el primer aniversario de su 'victoria' en las elecciones presidenciales, consideradas fraudulentas por los países de la región y la UE por las múltiples irregularidades registradas. "Vamos a medirnos electoralmente", dijo el líder chavista, en respuesta a las peticiones internacionales de unas elecciones presidenciales anticipadas.
Se espera que esta medida la oficialice la ilegal Asamblea Constituyente (AC), que Maduro convocó en 2017 sin el referéndum previo requerido por la Constitución, y que se arrogó poderes absolutos sobre el país. Esta misma tarde, su presidente, Diosdado Cabello, anunció que la AC ampliaría unilateralmente su plazo de funcionamiento otros dos años más, para ocupar los poderes de la AN hasta su disolución en 2020. La Constituyente, formada al 100% por chavistas, todavía no ha debatido un solo cambio a la Constitución ni se espera que lo haga.
De esta forma, Maduro terminaría de eliminar los efectos de las únicas elecciones que perdió el chavismo desde su llegada al poder. Un mes después de que la oposición ganara las elecciones, el Tribunal Supremo ilegalizó el Parlamento y le retiró sus poderes, alegando un supuesto fraude en tres circunscripciones que nunca se investigó. A continuación, Maduro convocó la AC para ejercer el poder legislativo en su lugar y anular definitivamente su derrota electoral. Pero la AN seguía existiendo, y los países de la región y de la UE reconocían su legitimidad, lo que dañaba internacionalmente al líder chavista.
Con esta decisión, que ya había amenazado en enero después de que Guaidó tomara posesión como presidente interino de jure, Maduro pone a la oposición ante una encrucijada: si reconocen las elecciones pese a su inconstitucionalidad, estarían arriesgándose a perder su mayoría a manos de un Gobierno que, en 2017, llegó a falsificar "al menos un millón de votos" en las elecciones fraudulentas a la Constituyente, según la empresa que gestionaba las máquinas de votación. Eso, si permite presentarse siquiera a la coalición opositora, a la que Maduro ilegalizó en 2018, además de inhabilitar a muchos de sus líderes, y no modifica las circunscripciones para sobrerrepresentar aún más a los seguidores chavistas.
Por el contrario, si no reconocen la convocatoria, estarían regalando una victoria absoluta al chavismo, lo que aumentaría aún más la lucha de legitimidades, además del golpe propagandístico. Las opciones de la oposición son cada vez más escasas.
