Poco más de tres años después de las elecciones que llevaron a la oposición venezolana a ganar una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional -Parlamento-, un gran número de diputados ya sabe que oponerse a Nicolás Maduro puede ser un riesgo contra sus propias vidas. Tras la detención ilegal del vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, la lista de diputados contra los que ha actuado el régimen chavista asciende ya a 24, una quinta parte de todo el grupo opositor de 112, a los que se añaden cinco suplentes.
Precisamente, el origen de la ilegalización de facto que sufre el Parlamento venezolano desde 2016 viene de la primera decisión judicial contra los nuevos diputados. Pocos días después de conocerse los resultados, el Tribunal Supremo, en el que Maduro colocó irregularmente a varios de sus más estrechos colaboradores -algunos sin experiencia judicial alguna- tras perder las elecciones legislativas, declaró ilegales los resultados de tres circunscripciones.
El tribunal alegó como justificación una "posible compra de votos". Su resultado fue ilegalizar en la práctica a todo el Parlamento y anularle todos sus poderes mientras se investigaba si había ocurrido tal cosa. A mayo de 2019, la investigación está olvidada en algún cajón, y nada indica que jamás vaya a completarse, ni a repetirse las elecciones si fuera necesario. Tres diputados de Amazonas, y el Parlamento entero, viven en un limbo desde entonces.
Con el Parlamento ilegalizado de facto, el régimen de Maduro se centró en ir contra los diputados más molestos por su actividad social o pública. Julio Borges y Freddy Guevara, expresidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, tuvieron que huir ante la amenaza de arresto. Otro vicepresidente, Zambrano, ha caído en manos de las fuerzas de inteligencia del Gobierno. También están desaparecidos en las cárceles gubernamentales Juan Requesens, detenido sin juicio desde el 8 de agosto de 2018 por un supuesto complot para asesinar a Maduro, y Gilber Caro, desde enero de 2017.
A ellos se les añaden otros 11 diputados que han tendido que huir del país o refugiarse en embajadas extranjeras ante amenazas de detención. Y otros nueve, entre los que están el presidente de jure del país, Juan Guaidó, y otro expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, han sido amenazados de detención por el TS.
Peor no todo empezó esta legislatura. El líder opositor Leopoldo López -refugiado en la embajada española- fue condenado a 13 años de prisión por "organizar" las manifestaciones multitudinarias contra Maduro en 2014, en las que hubo 43 muertos. Y el exalcalde de Caracas Rodrigo Ledezma -actualmente exiliado en Madrid- fue encarcelado en 2015 por "conspirar contra Maduro", entre otros cargos importantes.
Pero con la tensión actual, nada hace pensar que la lista vaya a dejar de crecer. A este ritmo, quién sabe, los 43 diputados chavistas podrían ser suficientes para que Maduro recupere la mayoría de la Cámara antes de las próximas elecciones.
