El presidente del Gobierno español exigió ayer la convocatoria de elecciones libres y la liberación de todos los presos políticos, que según la Organización de Estados Americanos (OEA) son 620. Prohíben a la coalición opositora participar en las elecciones a gobernador en siete estados.
Mariano Rajoy reiteró ayer lunes que no reconoce la Asamblea Constituyente de Venezuela ni ninguna de las decisiones que pueda tomar por ser "ilegales, antidemocráticas y contrarias a la voluntad de los ciudadanos" de ese país.
El presidente aseguró que el Ejecutivo defiende para Venezuela "exactamente lo mismo" que para España, es decir, la libertad, la democracia, y el respeto a las personas y a sus derechos. Por tanto, sentenció, no reconoce la Asamblea Constituyente "que ha montado" el Gobierno de Nicolás Maduro ni a ninguna de las decisiones que pueda tomar por considerarlas ilegales, antidemocráticas y contrarias a la voluntad de los ciudadanos de ese país.
Otro de los dirigentes políticos que se pronunció ayer desde España fue Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos reclamó el entendimiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para resolver la tensa situación política de Venezuela, y aseguró que el país sudamericano no solucionará sus problemas sin el acuerdo de todas las partes.
Desde Bruselas, la Unión Europea afirmó que la instalación de la Asamblea Constituyente de Venezuela y sus primeras acciones, incluyendo el cese de la fiscal general del país, Luisa Ortega, han debilitado aún más las perspectivas para una vuelta pacífica al orden democrático. En esa línea, la institución hizo un llamamiento a todos los actores en Venezuela a trabajar hacia la instalación de la confianza necesaria para una solución negociada a la crisis institucional.
Mientras, ya en Venezuela, los portales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional de Venezuela sufrieron ayer sendos ciberataques reivindicados por un mismo grupo, que ha enmarcado estas acciones dentro de la Operación David.
Además, cinco de los magistrados designados por la oposición venezolana para renovar el Tribunal Supremo de Justicia han huido a Colombia ante la presión dedel régimen chavista.
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