Londres
El Gobierno británico ha avisado ya abiertamente a la UE de que prefiere renunciar a un acuerdo de libre comercio entre ambos, antes que aceptar la sumisión a su manual de instrucciones regulatorias. Tras semanas escuchando cómo al sur del Canal vinculan el acceso al mercado comunitario con el alineamiento normativo -el cumplimiento de las leyes del bloque-, el Reino Unido ha confirmado su disposición a cerrar la transición del divorcio a final de año, como estaba previsto, y pasar a operar bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio, pese a las consecuencias en áreas tan cruciales como la cesta de la compra.
El mensajero no ha sido otro que el negociador jefe de Boris Johnson, el influyente David Frost, quien ayer mismo protagonizó en Bruselas su primera intervención pública desde su ascenso formal, diseñada con un doble objetivo: anticipar la línea dura de la posición de Londres, ultimada con su equipo hasta este último fin de semana, y establecer una nueva dinámica en las formas, sustituyendo el secretismo que había caracterizado el proceso bajo la batuta de Theresa May, por una apertura similar a la ofrecida por los Veintisiete.
Si su representante, Michel Barnier, se ha dedicado a exponer explícitamente las líneas rojas del continente, la contraparte británica ha decidido recoger el guante y elevar con ello la temperatura del diálogo, al evidenciar su profundo malestar ante lo que considera los dobles estándares del continente. Según Downing Street, la UE demanda de su exsocio concesiones que no le había reclamado a otros países con los que ha establecido acuerdos comerciales, como Canadá, Corea del Sur, o Japón.
Su razonamiento es relativamente sencillo: si el bloque pudo eliminar para estos el 98% de las tarifas, nada justifica las exigencias del borrador del mandato negociador preparado para las conversaciones con Reino Unido. El problema es que el análisis ignora factores de peso alegados por la cúpula comunitaria, como la proximidad geográfica, el riesgo de hallar, en el umbral mismo del bloque, a un rival con notables ventajas competitivas, o el tamaño de la quinta economía mundial; pero también evidencia la determinación británica por garantizar sus términos o abandonar el período transitorio sin un marco formal de relación con su principal socio comercial.
La retórica de los próximos meses incidirá, por tanto, en que no se está exigiendo un trato especial, ni personalizado, sino las mismas pautas y beneficios otorgados a otros, lo que hace innecesario, siempre desde la visión de Londres, aceptar las normas europeas en materia fiscal, laboral, o medioambiental; así como acatar la jurisprudencia del Tribunal Europeo. A la espera del arranque oficial del diálogo el 3 de marzo, la distancia, de momento, parece insalvable, si bien en los respectivos posicionamientos hay tanto de maniobra política, como de argumento real, una táctica inevitable en una coreografía que permite presentar cualquier concesión como una victoria.
