
El Gobierno argentino mandó al Congreso un anteproyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva para poner impuestos a la compra de divisas, subir las retenciones a las exportaciones agrícolas y aumentar las tasas del tributo por bienes personales. Con todo esto, el presidente, Alberto Fernández, busca financiar un mayor gasto social para revertir la profunda estanflación que generó su antecesor, Mauricio Macri.
El mandatario peronista busca mantener el equilibrio fiscal pero incentivar el consumo, de modo que saque a la economía de la recesión del 2,4% que sufrirá este año, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Esta expansión del gasto social procura combatir una pobreza estimada en el 40,8% por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Mientras, el Ejecutivo deberá procurar que las compañías dominantes no trasladen esta mayor demanda a precios, dado que la inflación, que cerrará 2019 en el 55%, fue uno de los factores en la caída del poder adquisitivo.
"Todas estas medidas están pensadas como parte de un programa integral, están todas interconectadas, estamos teniendo mucho cuidado en resolver todos los desequilibrios", señaló el ministro de Economía, Martín Guzmán. Si bien los gobernadores de la oposición del neoliberal Juntos por el Cambio habían adelantado que apoyarían el anteproyecto, en el último momento, los diputados anunciaron que por unanimidad no darán quórum porque entienden que "significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional". "A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional", lanzaron.
Esto demorará las políticas, pero se espera que tras las negociaciones se le dé tratamiento y se sancione la ley en los próximos días, ya que el oficialismo cuenta con mayoría en ambas Cámaras. Frente a este escenario, estas son las principales medidas económicas que el Gobierno presentó para mantener el equilibrio y proteger a los sectores en situación de gran vulnerabilidad.
Impuesto a las divisas
Se le agregará un impuesto del 30% a la compra de dólares para ahorro y a la adquisición de bienes o servicios en el exterior. Este desdoblamiento informal del tipo de cambio implicará una divisa más cara para operaciones de residentes con tarjetas de crédito fuera de Argentina. Esto alcanza a los 200 dólares mensuales de atesoramiento. Guzmán aclaró que el cepo cambiario que impuso Macri en las últimas semanas de su gobierno se mantendrá y se verá afectado por este impuesto. Esta decisión recuerda al recargo que había aplicado el kirchnerismo hasta 2015, ya que se aplicaba un criterio similar pero con un 35% adicional sobre la cotización. ¿Hay alguna exención? Quedarán fuera los gastos de tratamientos de salud y compra de medicamentos en el exterior y también la adquisición de libros en papel o digitales, excepciones que deberán tramitarse ante la AFIP.
Incentivar el ahorro en pesos
Además del recargo del 30%, aumentará el impuesto a la tenencia de bienes. Esta alícuota será aún mayor si los activos o propiedades se encuentran en el exterior. Como contrapunto, eliminará la tasa a las herramientas financieras en pesos. El Gobierno proyecta elevar las cuotas a los bienes personales hasta el 1,25% si el patrimonio se encuentra en Argentina, pero quedará facultado para cobrar hasta el 2,5% por las tenencias declaradas fuera del país, incluyendo las monetarias, las financieras (como bonos o acciones) y las propiedades. Una ley de 2017 imponía un arancel del 5% a inversiones en moneda local sobre un mínimo no imponible de 66.917,91 pesos anuales. Esto será derogado si se aprueba el documento del Gobierno, para castigar así los ahorros fuera del país e incentivar la inversión en pesos.
Retenciones al campo
El proyecto de ley también propone subir al 33% la tasa que grava las exportaciones de granos de soja y al 15% la que grava al maíz y el trigo. Estos son los tres principales cultivos de un país que es una de las mayores potencias agrícolas del mundo. A través de un decreto, el Gobierno ya había subido los derechos de exportación de soja desde el 24,7 al 30%. En tanto, llevó los aranceles del maíz y trigo desde el 6,7% al 12%. La carne, que estaba con un 4,8%, trepó al 9%.
Impuesto a los vehículos
Entre las nuevas normativas que propone el anteproyecto se contempla subir tributos a los autos de lujo. Todos los vehículos de más de 28.000 dólares deberán tributar más. Hasta este momento, el esquema impositivo establecía que sólo los automóviles de más de 1.832.000 pesos pagan una alícuota del 20%. Ahora, se desdobló la escala: la alícuota del 20% se pagará desde los que cuestan 1,3 millón de pesos, mientras que introduce una nueva de 35% para los que se venden a partir de 2,4 millones de pesos.
Subida de las pensiones y fin a los 'tarifazos'Toda esta mayor recaudación prevista en el proyecto de ley presentada por el nuevo presidente argentino mejorará las jubilaciones y los costos de los servicios públicos. Macri había modificado la fórmula de actualización de los haberes por una que perdió contra la inflación en los últimos dos años, al punto de que la mayoría gana menos de lo que precisa para no ser pobre. Además, el gas y la luz se incrementaron hasta un 3.000% desde 2015. Por esto, Fernández quiere suspender por 180 días los ajustes jubilatorios previstos y los de las tarifas de servicios. Esto será así hasta diseñar un nuevo mecanismo de ajuste.