El Ayuntamiento de Madrid aprobó hace una semana una nueva normativa para regular el alquiler de pisos turísticos en los barrios del centro de la ciudad y contrarrestar así los efectos que este fenómeno está teniendo en las capitales más visitadas por los turistas. Se trata de una regulación ambiciosa, que afectará al 95% de las viviendas que actualmente se encuentran en alquiler vacacional en Madrid. Sin embargo, el problema de hacer cumplir la normativa radica en la capacidad y eficacia de la inspección, para la que el Ayuntamiento sólo ha previsto un refuerzo de 22 empleados hasta el mes de diciembre.
La semana pasada la Junta de Gobierno aprobó inicialmente el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje que regirá en los barrios centrales de la ciudad y que supone equiparar las viviendas de uso turístico (alquiladas de manera profesional durante más de 90 días al año, por debajo se entiende como economía colaborativa, según el decreto de la Comunidad) con hoteles y otros establecimientos al exigirles licencia de actividad y un acceso independiente -no podrán utilizar el portal de vecinos-. Las webs como Airbnb y Home Away que oferten viviendas que no cumplan las condiciones se enfrentarán a multas de hasta 300.000 euros.
Para garantizar el cumplimiento del plan se empleará la disciplina, por lo que se dota a la Agencia de Licencias de un refuerzo de 22 trabajadores, que se encargarán de vigilar que se cumpla la regulación en materia de urbanismo. Este nuevo equipo incluye a diez arquitectos, cuatro técnicos de gestión y ocho auxiliares administrativos, que trabajarán para la detección de irregularidades durante cinco meses, hasta finales de este año. En el año 2015, la Agencia de Licencias del consistorio madrileño contaba únicamente con 80 técnicos en activo -había 73 vacantes sin cubrir- para gestionar la concesión de las distintas licencias de actividades económicas -apertura de comercios, locales, hospedajes-.
Los técnicos se especializarán en la inspección de las páginas web donde se ofertan estas viviendas para comprobar que se cumple la normativa, como se hace en Barcelona, París, Roma o Ámsterdam. Éste se trata del punto más débil sobre el que descansa todo el plan del Ayuntamiento, ya que se calcula que 8.000 viviendas podrían estar ofertándose como alquiler vacacional en Madrid.
El Ayuntamiento está tramitando en la actualidad expedientes que afectan a 507 viviendas de uso turístico (184) y apartamentos turísticos (323). Un total de 147 se han resuelto con órdenes de cese dictadas, ha recordado el delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Jorge García Castaño.
Castaño también ha reclamado para el Ayuntamiento las competencias aplicables sobre viviendas turísticas por ser "un fenómeno básicamente de ciudad". Tras el plan, "lo deseable es que haya más competencias turísticas en los ayuntamientos porque el fenómeno de las viviendas de uso turístico es básicamente de la ciudad". "Nosotros sufrimos y gestionamos todas las consecuencias pero no tenemos la capacidad normativa", ha indicado el delegado.
Los datos que maneja el Ayuntamiento indican que son grandes propietarios los que se encuentran detrás de las viviendas de uso turístico. "Cada vez hablamos menos de una persona que tiene una o dos viviendas y las alquila. Ese no es el problema, en absoluto", ha indicado.
Tasa turística
Ese es el trasfondo de la tasa turística planteada por el Gobierno municipal. Ahora mismo la competencia para esto la tiene la Comunidad aunque tenga "poco sentido" dado que "todos los impactos se dan en Madrid en el caso de que hubiera que recaudar". "La posibilidad de generar una tasa turística o no debería ser de la ciudad. Es uno de los casos más claros de competencia", ha defendido Jorge García Castaño.
El concejal es contundente al afirmar que la tasa "no tendría un impacto fuerte" en el sector hotelero. Plantea el edil la necesidad de una mirada más compleja dirigida hacia el turismo porque "no se trata sólo de ver cuántos viajeros vienen, de las pernoctaciones o de lo que se gastan" sino ir más allá, entrar en el debate de la fiscalidad, de cómo impacta en la ciudad, en el espacio público, en el mercado de la vivienda, en el tipo de empleo que genera.
"La mirada debe ser más compleja, como están empezando a tener todas las ciudades. Lo otro es matar a la gallina de los huevos de oro", ha argumentado el delegado de Economía y Hacienda.
La vivienda, problema central de la ciudad
Donde no se necesitarían cambios legales es en lo relacionado con las viviendas vacías, directamente vinculado al planteamiento lanzado por el Gobierno municipal de gravarlas con un recargo del 50 por ciento en el recibo del IBI. Es el Ejecutivo central el que tiene que desarrollar el preceptivo reglamento, ya incluido en la Ley de Haciendas Locales, en el que defina qué es una vivienda vacía.
Con ese recargo se pondría un peldaño más a la hora de resolver el que el delegado considera "el problema central de la ciudad", el de la vivienda.
