Las medidas de restricción a la movilidad implantadas por las autoridades desde que se desató la pandemia en España en marzo de 2020 ha asestado un impacto histórico en la demanda de las infraestructuras, con el consecuente efecto en la cuenta de resultados de las empresas concesionarias. A raíz del primer estado de alarma decretado el 14 de marzo del año pasado, las compañías procedieron a reclamar a las Administraciones por la pérdida de usuarios, que vino forzada por las decisiones del Gobierno de confinar a los ciudadanos y restringir los movimientos.
El Ejecutivo definió el pasado verano en el RD-ley 26/2020 las condiciones para que las concesionarias puedan optar al reequilibrio económico de los contratos. Lo hizo sin reconocer las causas de fuerza mayor, con la imposición de unos requisitos que limitan el derecho a la compensación y por un máximo de la duración del estado de alarma, es decir, 100 días. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) denunció "el trato discriminatorio que para las empresas afectadas supone" la medida.
Considera "injustificado" el uso del RD-Ley y lamenta que el contenido de la nueva norma suprime, "con efectos retroactivos", los derechos de las concesionarias recogidos en la Ley y en los contratos. "Supone la vulneración de derechos y principios constitucionales, que abocan a las empresas injustamente perjudicadas a acudir a los Tribunales para la defensa de sus derechos", alertó.
Desde el pasado verano se han presentado las reclamaciones y, en la mayoría de los casos, o se han rechazado –directamente o por silencio administrativo– o se han reconocido cantidades parciales. En este contexto, los conflictos se dirimirán mayoritariamente en los tribunales.
