Infraestructuras

Más recursos para paliar el déficit en conservación

  • Enfrentar el déficit de conservación de carreteras es una demanda del sector y el Ministerio de Transportes aborda desde diferentes perspectivas posibles medidas para aumentar los ingresos y paliarlo
El uso de las carreteras para el despliegue del 5G es una oportunidad

E l Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja en una batería de iniciativas con las que combatir el déficit de conservación que tiene la red de carreteras, con los impactos que esto tiene sobre la seguridad de los conductores y sobre el medio ambiente. Según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el agujero ascendía al cierre de 2019 hasta los 7.463 millones de euros. Una cifra que va en aumento ante las restricciones presupuestarias, a pesar de que el departamento que dirige José Luis Ábalos ha privilegiado las partidas para mantenimiento de carreteras, que por primera vez, en 2021, recibirá más recursos (1.240 millones de euros), que las partidas destinadas a obra nueva. De hecho, las estimaciones provisionales es que las necesidades de inversión en conservación en la actualidad ya rozan los 8.000 millones de euros.

Entre las medidas implementadas figura un nuevo modelo de conservación de carreteras por parte del Ministerio de Transportes que persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos. Se trata de una fórmula que ya ha establecido para los contratos de mantenimiento de los tramos de la AP-7 (La Jonquera-Montmelo, Montmelo-Papiol, Papiol-Tarragona y Papiol-Molins de Rei) y de la AP-2 Zaragoza-Barcelona que opera Acesa y que revertirán al Estado el próximo 31 de agosto tras finalizar su contrato de concesión. Entre los puntos clave para aumentar los recursos de la Administración figura la explotación de los elementos funcionales de las carreteras como son las áreas de servicio existentes.

De este modo, las empresas adjudicatarias añadirán a la conservación de las vías la gestión de las estaciones de servicios. El nuevo modelo separa los gastos e ingresos del contrato, estableciendo, de un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación, y pequeñas obras) y, de otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

El Gobierno ha ampliado los contratos de conservación con la gestión de áreas de servicio

Con ello, Transportes busca mitigar los elevados costes que le supondrá la reversión de dos autopistas más que terminan su concesión el próximo verano incrementando los ingresos a través del citado canon. Así, los ingresos por estos servicios reportarán a la Dirección General de Carreteras (DGC) y no al Ministerio de Hacienda, como ocurre en la actualidad con las concesiones de las gasolineras en las autopistas estatales.

El objetivo de Ábalos y su equipo es que el uso del dominio público de las carreteras tenga un carácter finalista para cubrir las necesidades presupuestarias de conservación, que son cada vez mayores tanto por el deterioro acumulado en la red como por el final de las concesiones de varias autopistas de peaje desde hace dos años. Antes de los tramos de la AP-2 y la la AP-7, vencieron los contratos de concesión de la AP-1 Burgos-Armiñón (en 2018) y los tramos de la AP-7 de Aumar (en 2019).

La oportunidad del 5G

En la línea de sumar recursos, el Ministerio de Transportes también ha identificado el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones del 5G en España como una oportunidad. Así, ha abierto negociaciones para establecer las condiciones para el uso de las carreteras, tanto estatales, como autonómicas y locales, que llevaría asociado el pago de un canon por parte de las operadoras de telecomunicaciones.

La Dirección General de Carreteras (DGC) está trabajando con la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada en el Ministerio de Asuntos Económicos y Tranformación Digital, para "definir un proceso que agilice lo más posible la concesión de las autorizaciones" de ocupación del dominio público (la zona expropiada de ocho metros a cada lado de la carretera para su defensa) a las operadoras "para que las redes de fibra óptica lleguen hasta las correspondientes antenas para el desarrollo del 5G". Para ello también se debe ocupar dominio público de carreteras estatales y de otras administraciones, como diputaciones, comunidades autónomas y ayuntamientos. La medida implica fundamentalmente a las carreteras secundarias para multiplicar el alcance geográfico y llegar a la España vaciada.

Además, existen otras propuestas para obtener más recursos, como la implantación de electrolineras y, con un mayor calado, está la opción del pago por uso para la red de alta capacidad.

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