Barcelona
Ávoris seguirá gestionando uno de los servicios más polémicos del Ayuntamiento de Barcelona y que ha generado críticas incluso en el seno de la institución por parte del defensor del pueblo municipal. La división de viajes del Grupo Barceló ha sido la única empresa en presentarse al concurso público para buscar alojamiento temporal urgente (conocidos por las siglas ATU) para personas vulnerables en la capital catalana. Ávoris ya venía prestando este servicio en los dos ejercicios anteriores y, ahora, alargará la actividad hasta el año 2027 por un importe total estimado de 62 millones de euros (sin IVA).
Este servicio pretende dar respuesta a las "multitud de situaciones personales y familiares que se derivan de la pérdida súbita de la vivienda", como recogen los pliegos de la licitación. "En muchas situaciones, las personas presentan factores de vulnerabilidad y fragilidad aparte de la pérdida de la vivienda y, en consecuencia, se ven de golpe desamparadas y en situación de calle sin recursos para proveerse de un alojamiento temporal", se indica.
Como su nombre indica, se trata de una alternativa urgente y de carácter transitorio. Ante este tipo de casos, la primera opción del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) para por subvenir a los afectados con ayudas económicas que cubren total o parcialmente una vivienda privada. En caso de que no sea posible, se orienta a los ciudadanos hacia la cartera de equipamientos residenciales públicos.
Si ambas opciones fallan, entra en funcionamiento el servicio que presta Ávoris, consistente en hallar hospedaje en establecimientos turísticos, ya sean hoteles, hostales o apartamentos —esta última categoría está llamada a desaparecer de la Ciudad Condal a partir de 2029, según los planes anunciados por el alcalde Jaume Collboni—, por un máximo de seis meses.
El problema estriba en que las condiciones en abstracto de este servicio social no se cumplen en la práctica. Así lo denunció la Sindicatura de Greuges de Barcelona el pasado junio en su informe Els allotjaments temporals d'urgència. Millores inajornables i reptes transformadors. En el documento, se señalan varias deficiencias, entre otras las prolongadas estancias en los establecimientos turísticos por parte de las personas vulnerables —en ocasiones, se llega hasta los dos años— y los bajos estándares de calidad de dichos alojamientos. Se suma que muchos beneficiarios de este servicio son reubicados en zonas alejadas de los barrios donde desarrollan su vida, incluso en otras urbes del área metropolitana.
Según datos del ayuntamiento, las personas alojadas mediante estos recursos, tanto adultos como menores, han crecido desde 2.734 en 2019 hasta 6.654 en 2022, cuando alcanzaron su récord. En 2023, hubo 5.842 personas atendidas y, el año pasado, fueron 5.502. Un tercio de los expedientes en pensiones u hostales de Barcelona supera los dos años de permanencia.
En la presentación del informe, el síndico local, David Bondia, propuso "crear un fondo público metropolitano para gestionar los ATU y es el ayuntamiento quien debe dar un paso adelante para liderar este fondo, juntamente con entidades sociales que ya están atendiendo esta emergencia".
Contactado por elEconomista.es, un portavoz de Ávoris ha declinado hacer comentarios sobre las condiciones de prestación del servicio. El ayuntamiento tampoco ha respondido a este medio.