
Diez años después de que comenzara a construirse, la presa de Alcolea (Huelva) está a punto de retomar las obras que la permitirán convertirse en realidad. La infraestructura se ha convertido en uno de los principales puntos de disputa entre el gobierno central y la Junta de Andalucía desde que en el año 2017 el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado entonces por Teresa Ribera, decidiera paralizar los trabajos cuando apenas alcanzaban el 23% de su ejecución debido al riesgo de contaminación por metales pesados que presentaban sus aguas a causa del drenaje de minas abandonadas en la cuenca del río Odiel, principal suministrador de agua al embalse, y catalogado como uno de los más contaminados del mundo.
Sin embargo, las consecuencias de la Dana ocurrida en Valencia el pasado mes de octubre cambiaron la posición del Ministerio, que decidió dar prioridad a todas aquellas infraestructuras con potencial para contener riadas y minimizar el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. Así, las dos administraciones han llegado a un acuerdo según el cual la Junta se hará cargo de la finalización de las obras y asumirá la gestión de la presa, mientras el ejecutivo central compensará los costes financiando otras infraestructuras en la provincia.
Aunque todavía no se han concretado los detalles económicos del acuerdo, se calcula que rondará los 89 millones, aunque falta todavía por incluir los daños causados por las recientes lluvias. Las previsiones del gobierno autonómico pasan por licitar la obra para su ejecución entre 2026 y 2027.
Declarado de interés general del Estado en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, el proyecto fue concebido inicialmente para laminar las avenidas del río Odiel y así evitar las inundaciones que se producen habitualmente en el municipio de Gibraleón y en determinados puntos de la capital onubense en momentos de lluvias abundantes. Pero también servirá para regular el caudal y mejorar su aprovechamiento, dando así respuesta a las históricas demandas del regadío y a las nuevas necesidades que en los últimos años han comenzado a surgir en la zona oriental de la provincia de Huelva. Con 246 hectómetros cúbicos (hm3) de capacidad total, los recursos hídricos regulados por el embalse aportarán un volumen adicional de 135 hectómetros cúbicos anuales al sistema Andévalo- Chanza-Piedras-Alcolea y permitiría regar unas 20 000 hectáreas.
Urgencia y oportunidad
Los regantes, representados por Huelva Riega y Coprehu, insisten en que la obra es "vital para la provincia" y reclaman su conclusión urgente para evitar inundaciones y paliar el déficit hídrico estructural, estimado entre 80 y 100hm3. Según sus cálculos, la presa evitaría que una gran cantidad de agua dulce se perdiera en el mar, garantizando agua para consumo urbano, agricultura, proyectos de hidrógeno verde y, conforme a la Ley del Trasvase 10/2018, para Doñana. Además, aseguran que gracias a esta infraestructura, el PIB de Huelva podría crecer 11 puntos, generando empleo en más de 54.000 hectáreas de regadíos ya en marcha.
El principal punto de fricción que ralentiza la materialización de la infraestructura hídrica es la calidad del agua, ya que informes técnicos de diferentes organizaciones advierten de que acumula problemas de acidez y excesiva concentración de metales pesados, lo que implica que no podría ser utilizada para regadío ni abastecimiento urbano o industrial sin un costoso tratamiento de neutralización.
Según la Universidad de Huelva, para obtener un agua con valores de PH neutro y una calidad aceptable en Alcolea se debería eliminar al menos el 70% de los vertidos de aguas ácidas de las minas abandonadas, unas medidas complejas, costosas económicamente y que se deben realizar de una forma progresiva para asegurar su eficiencia. Un informe elaborado por Fundación Nueva Cultura del Agua y WWF calcula que los costes de mantenimiento y explotación de la presa, incluyendo el tratamiento necesario de las aguas para su utilización, ascenderían a más de 28 millones de euros anuales, lo que repercutiría en 1.140 euros anuales por hectárea de nuevos regadíos.