Barcelona
Concentrar es tanto como crecer. Al menos en economía. Actualmente, Cataluña cuenta con 1.448 polígonos de actividad económica (conocidos por las siglas PAE) que ocupan una superficie superior a 29.000 hectáreas y acogen a más de 45.000 empresas. Esta acumulación de riqueza constituye uno de los factores de crecimiento de la economía catalana, solo que está gripado por la elevada dependencia de la burocracia municipal. Esa es la principal conclusión del reciente estudio titulado Polígons d'activitat econòmica a Catalunya: reptes i escenaris reguladors, elaborado conjuntamente por Jaume Amill, Martí Pol y Clàudia Puig y difundido por la Consejería de Empresa y Trabajo.
El asunto es importante por cuanto el Govern se propone sacar adelante una nueva ley autonómica que regule los polígonos de actividad económica. A nivel catalán, actualmente rige la ley 15/2020 de APEU (siglas para designar las Áreas de Promoción Económica Urbana). Esta norma establece un marco para la creación de entidades de colaboración público-privada en zonas acotadas de elevada concentración empresarial. Sin embargo, su implementación hasta la fecha ha sido limitada, como constatan los autores del estudio. Esto se debe principalmente a la falta de despliegue reglamentario y a una aplicación práctica más amplia. Además, el modelo de las APEU estaba orientado, en sus inicios, a dinamizar zonas comerciales y no estrictamente industriales como son los PAE.
Demanda de las empresas
Los especialistas, tras consultar con los operadores económicos catalanes, enfatizan la necesidad de adaptar la ley 15/2020 para sacarle el máximo partido. Esto reclamaría una nueva concepción sobre la gobernanza de estas áreas que redujese la influencia de los ayuntamientos. Uno de los puntos que más críticas recibe de la norma es "el poder adjudicatorio que se le otorga" a los entes locales.
"La normativa concede un papel muy relevante a las administraciones públicas locales como responsables de la creación, aprobación y seguimiento de las APEU. Aunque la APEU es una entidad público-privada, su funcionamiento está bajo la supervisión y el control directo del ayuntamiento, lo cual puede limitar su autonomía operativa", señala el informe. El punto clave es que las áreas de actividad económica deben observar la ley de contratación pública, "hecho que limita su flexibilidad y a la vez requiere un nivel de conocimiento técnico de la ley demasiado elevado para un ente privado, lo cual puede retrasar, o incluso impedir, la implementación de proyectos o la ejecución de inversiones necesarias", se alerta. Una propuesta para sortear este escollo residiría en desvincular las APEU de los criterios de contratación pública, aunque esto exigiría arbitrar mecanismos alternativos de transparencia y rendición de cuentas en su operativa.
Además, la recaudación de las cuotas de los miembros de las APEU se realiza a través del ayuntamiento, lo cual implica que estos son ingresos públicos y están sometidos a las mismas normas que otras tasas o impuestos de ámbito municipal. Y las cuotas impagadas se gestionan como una deuda pública, es decir, con el procedimiento de constricción administrativo, lo cual da lugar a un largo proceso burocrático. A la postre, a una forma de actuar poco efectiva.
"Estos elementos hacen que la ley responda del todo a las necesidades de los polígonos, donde la flexibilidad y la agilidad en la toma de decisiones son factores clave para garantizar una gobernanza eficaz", se advierte. Aún hay otro aspecto que frena el despegue de estas áreas económicas: su duración limitada a cinco años, considerada insuficiente por los agentes económicos.
Conectividad mejorable
El foco en la gobernanza no quita que haya otros aspectos de mejora. "Estos espacios deben hacer frente a retos importantes que limitan su potencial. Problemas como la obsolescencia de las infraestructuras, la falta de conectividad, la escasa accesibilidad en transporte público y la carencia de servicios complementarios que requieren de una intervención decidida y coordinada entre los diferentes niveles administrativos y del sector privado", señala el texto.
En este sentido, uno de los desafíos más urgentes es la optimización de la conectividad. Los polígonos tienden a ubicarse fuera de los núcleos urbanos por su demanda de espacio y acceso a vías interurbanas. Esta decisión natural, que además pretende alejar de las ciudades las externalidades negativas de estas áreas como el ruido y la polución, tiene una contrapartida: complica la llegada a estas zonas de los trabajadores y proveedores.
Hecho que tampoco se ha corregido con transporte público. Así, solo el 45% de los PAE en Cataluña disponen de metro, tren o bus, lo cual pone en evidencia una falta significativa de infraestructuras de movilidad. El ámbito con mayor acceso a transporte público es el Alt Pirineu y Aran, donde el 75% de estas infraestructuras dispone de este servicio. Pero se trata de una excepción: en el ámbito metropolitano de Barcelona, que acumula la mayoría de PAE, el 30% de las áreas de actividad empresarial carece de este servicio considerado básico por la propia normativa.
En una reflexión más general, los autores de la monografía concluyen que "el futuro de los polígonos pasa por su transformación en áreas modernas, verdes y conectadas con la sociedad. Solo así podremos garantizar que, más allá de su función económica, sean verdaderos motores de calidad de vida y convivencia. Humanizar los polígonos significa reconocer que estos espacios no son simples depósitos de empresas sino sitios donde las personas trabajan, interactúan y, en muchos casos, conviven. Promover la transformación de los polígonos hacia entornos más bonitos es una cuestión estética pero también una apuesta por la justícia social".