Barcelona
La ejecución de la inversión en infraestructuras es una de las mayores denuncias que el empresariado y la sociedad civil en Cataluña arrastra desde hace años. Gobierno y Generalitat se entrecruzaron reproches durante años —ahora que lucen el mismo color político ya no—, pero lo cierto es que el grado de ejecución, según los últimos datos disponibles, dista mucho según la administración que promueve la obra. A la espera de los datos completos de 2024, el Ejecutivo catalán prácticamente dobla los niveles exhibidos por las autoridades estatales.
Los datos a cierre de 2023 revelan que el Estado ejecutó el 45,2% de la inversión comprometida durante el año. El porcentaje es superior al exhibido años atrás, pero está todavía muy lejos de, por ejemplo, el 86,8% que lucen los programas pilotados por la Generalitat. La cifra catalana es ligeramente superior a la media de la última década, fijada en un 82%.
Según los datos del primer semestre de 2024, la ejecución de la inversión del Estado al cierre del mes de junio era del 20%, solamente. El Govern todavía no publicó sus cifras del pasado ejercicio.
Ante esta situación, instituciones como Foment del Treball vienen denunciando desde hace años el incumplimiento en la ejecución las inversiones. Según sus cálculos, el camino a recorrer hasta llegar al punto de equilibrio es de 42.500 millones que compensarían las cantidades pendientes de los últimos 15 años. Para ello, Gobierno y Generalitat deberían elevar el gasto desde los 2.000 millones a 3.500 millones.
Sin embargo, el camino tomado parece ser el opuesto: en el primer semestre de 2025 la licitación pública en Cataluña cayó un 7,1% frente al mismo periodo del año anterior, quedando en 1.730 millones de euros. Y los culpables fueron tanto el Estado como el Govern, que recortaron sus presupuestos un 22,4% y un 25,9%, respectivamente. En cambio, los ayuntamientos mantuvieron la velocidad e incrementaron un 1% el montante.
Según las cifras oficiales, las entidades locales supusieron más de la mitad de estos 1.730 millones, con un volumen de gasto de 870 millones. Entre Generalitat (449 millones) y administración central (219 millones) no igualan a los entes municipales.
Y lo cierto es que el impulso de uno de los motores que debían impulsar la inversión como son los fondos Next Generation cada vez es menor. En la primera mitad de 2025 se licitaron 150,9 millones de dinero europeo, el 8,7% del total. El porcentaje sigue a la baja frente al 14,7% del total marcado en 2025 y el 23,4% del total registrado en 2023. La tendencia se mantendrá teniendo en cuenta que las obras financiadas con estos programas deben estar finalizadas al terminar 2026, por lo que el plazo de ejecución es cada vez más corto.
Fuentes de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) explican a elEconomista.es que el descenso obedece a un conjunto de causas estructurales y coyunturales. Por ejemplo, en el caso del Govern, lamenta "una clara desconexión entre los anuncios de grandes planes y su concreción en forma de licitaciones".
Lo cierto eso sí es que planes como la construcción de 50.000 viviendas protegidas o el plan de inversiones contra la sequía fueron anunciados apenas hace meses, por lo que están todavía en fase de redacción de proyectos, obtención de informes técnicos y tramitación. "En buena parte se debe a la ausencia de planificación de inversión durante los últimos años del anterior Ejecutivo, denuncian.
En este compás de espera, la institución critica: "Alertamos del riesgo que comporta esta falta de continuidad y visión estratégica, que genera ciclos de subida y bajada imprevisibles. Cataluña necesita una política de inversión pública sostenida, planificada y alineada con las necesidades reales del territorio, y no solo planes anunciados que después no se materializan".
La realidad de la inversión estatal es algo ya denunciado desde hace años, con una media anual de ejecución inferior al 45% desde la salida de la pandemia, con proyectos con retrasos crónicos como las mejoras en Rodalies o el Corredor Mediterráneo. "Hasta cuando se anuncian inversiones, estas no se llegan ni a ejecutar ni a licitar", lamenta la CCOC.
"El problema es estructural: Cataluña sufre un déficit sostenido de inversión pública en infraestructuras por parte de todas las administraciones que no se corrige pese a las promesas", zanja la institución.
En las obras licitadas, además, la competencia es mínima: el 42% de los concursos tuvieron uno o dos contendientes, muy lejos del 10% de media en Europa.