Barcelona
El plan original para traspasar Rodalies a la Generalitat de Cataluña ha volado por los aires. En eso coinciden tanto la mayoría de los sindicatos ferroviarios como la oposición al gobierno catalán. El acuerdo alcanzado el domingo entre Renfe, Adif, el Ministerio de Transportes, la Generalitat y los sindicatos SEMAF, CCOO, UGT y SCF —no así CGT y SF— permitió desconvocar in extremis la huelga programada ayer a cambio de sacrificar el diseño para la transferencia de los trenes acordado entre PSC y ERC. De hecho, los estatutos de la nueva empresa mixta que debía absorber Rodalies deberán ser reelaborados.
Ya no habrá mayoría de la Generalitat en el capital de la empresa mixta —se preveía un 51% para la Generalitat y un 49% para el Estado— ni esta quedará excluida del perímetro empresarial de Renfe. Al revés: Renfe constituirá una filial (con participación mayoritaria de Renfe Viajeros), que formará parte del grupo, donde aplicará su convenio colectivo, el acuerdo de garantías y el resto de los acuerdos laborales vigentes suscritos con los sindicatos.
Ahora, el Grupo Renfe contará con el 50,01% del accionariado, según algunas fuentes —el porcentaje exacto no se detalla en el documento consultado por elEconomista.es—. El nuevo acuerdo prevé, sin embargo, que la mayoría accionarial pueda cambiar más adelante, con la participación de los sindicatos, una fórmula con la que se ha intentado ganar la confianza de los representantes de los trabajadores.
Los maquinistas también han logrado que el primer capítulo del traspaso, el tramo de la R1 entre Bifurcació-Sagrera (no incluida) y Maçanet-Massanes, siga administrado por Adif argumentando que se pondría en riesgo la seguridad y la interoperabilidad.
Solo se ha salvado que la presidencia de la nueva empresa recaiga en la Generalitat, que poseerá un voto de calidad, y que tenga un consejo de administración paritario. Sin embargo, el acuerdo político entre PSC y ERC fijaba que las decisiones estratégicas se tomarían por una mayoría cualificada, lo cual arroja dudas sobre el voto de oro de la administración autonómica.
Este esquema rompe lo pactado entre socialistas y republicanos. Hace un mes, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, escenificaron el acuerdo para crear la empresa mixta Generalitat-Estado. La consellera aseguró entonces que los estatutos de la mercantil estaban prácticamente terminados y que se presentarían a mediados de marzo. Ahora, deberán ser reescritos para adaptarlos a las condiciones impuestas por los trabajadores de Renfe. El Departamento no ha atendido a las preguntas de este medio.
Junqueras da cuartelillo
Paneque intentó ayer quitar hierro al giro de guion. "No se puede tener a la plantilla en contra", argumentó en declaraciones a RAC1, y añadió que el nuevo modelo copia al del "Port de Barcelona". Precisamente lo que no quieren los independentistas, ya que el puerto barcelonés pertenece a Puertos del Estado y no a la Generalitat.
Pese a ello, fuentes de ERC trasladaron ayer que aceptan "transitoriamente" que la empresa que debe capitanear el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat esté adscrita al grupo Renfe en aras de contar con el beneplácito de los trabajadores. Por contra, Junts consideró que el nuevo modelo supone el "certificado de defunción" del traspaso.
