Zaragoza
Aragón pasa a la acción. El Gobierno aragonés y la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL) han presentado hoy –último día de plazo-, sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del pasado 10 de octubre de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que declaraba la nulidad del convenio de colaboración entre el Ejecutivo Autonómico, APL y la sociedad CIPSA Norte, que se firmó el 2 de febrero de 2022. Además, la sentencia también anulaba el Proyecto de Interés General (PIGA) para el desarrollo de la plataforma logística PlaZa 4.0 en la compañía Lidl quería poner en marcha un hub logístico.
Tanto el Gobierno de Aragón como APL plantean en sus recursos que es conforme a derecho utilizar fórmulas de colaboración público-privadas como es el caso de los convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos de interés general de iniciativa privada, sin que resulte de aplicación el régimen de contratación pública general.
Además, los dos recursos también apuntan la posibilidad de permitir a un promotor privado que sea titular de la mayor parte del suelo, como sucede en esta operación de PlaZa 4.0, así como de la promoción, redacción y ejecución de un proyecto de iniciativa privada calificado de interés autonómico.
Igualmente, se señala esta posibilidad para la instrumentalización de la relación con la Administración mediante las referidas técnicas de colaboración público-privada.
A pesar de estas premisas indicadas en ambos recursos, desde el Gobierno de Aragón han indicado que se replanteará la evolución del proyecto según el interés de las empresas indicadas en torno a los plazos previstos de resolución y otras cuestiones que sean de interés público relevante.
La sentencia a la que ahora se recurre alude a la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza para la que se realizó una recalificación de 242 hectáreas frente al campo de golf de La Peñada.
Según se indicó en la sentencia del TSJA, se observaban algunos "vicios" de legalidad y "sorprendentes" privilegios concedidos a la empresa. También se aludía a los recursos presentados por particulares que recurrieron el proyecto al no ser informados de la expropiación de los terrenos ni los planes previstos por la compañía.
La compañía Lidl formalizó una opción de compra el año pasado de una futura parcela en PlaZa 4.0 para la instalación de su macrocentro logístico para dar servicio al sur de Europa, junto con el centro logístico que ya cuenta en Barcelona. La inversión se cifró en aquel momento en 100 millones de euros, con una generación de 200 puestos de trabajo.
