Galicia
El hecho de que el Pleno del Congreso aprobase este miércoles una iniciativa del BNG en la que exige al Ejecutivo central que inicie los trámites de la anulación de la prórroga de 25 años a la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) y asuma la gestión directa de la vía y la supresión de los peajes, no resulta suficiente, ya que Galicia se marca como único objetivo una AP-9 gallega y libre de peajes.
Caprichoso son los tiempos cuando precisamente se acaba de conocer la operación de compraventa por la que el fondo APG de los Países Bajos se hizo con todo el capital de Itínere y controlará las autopistas gallegas AP-9, vertebrador del eje Atlántico, AP-53 (Santiago-Dozón), AG-57 (Vigo-Baiona) y AG-55 ( A Coruña-Carballo)
Estos acuerdos reflejan el compromiso de las dos compañías por resolver las disputas sobre Itínere y zanjar todos los litigios que la compañía española arrastraba desde hace años por su participación en esta empresa, según avanzó Globalvia en un comunicado que no especifica el importe económico de la transacción.
La empresa española de movilidad adquirió por primera vez una participación en Itínere el 17 de octubre de 2018 y aumentó su participación hasta el 40% en 2019. Hasta ahora, APG tenía el 56% de Itínere a través de varias entidades y suma ahora el 40% de Globalvia. Mediobanca han sido asesores de Globalvia en la transacción y Jefferies de APG.
En los últimos años, Globalvia ha instado en varios procedimientos judiciales su legitimidad a hacerse con el 90% del capital de Itínere, argumentando que varias operaciones llevadas a cabo en el capital de la empresa en el pasado no se hicieron conforme a derecho.
En concreto, recurrió la venta de Sacyr al fondo estadounidense Corsair de su participación del 15,5% en Itínere, pese a que Globalvia acordó con Sacyr, Kutxabank y Abanca la compra del 55% de la compañía. Sacyr decidió venderla a Corsair invocando un pacto de accionistas anterior a ese acuerdo.
Aludiendo al mismo acuerdo de accionistas, los fondos neerlandés y estadounidense se trasmitieron el 36% de Itínere a través de un sociedad vehicular (Arecibo), lo que evitó que Globalvia aumentase su participación de control, mientras que APG tomó el control efectivo de la empresa.
Prórrogas ilegales
Este nuevo giro encendió las alertas. La portavoz nacionalista, Ana Pontón, ha destacado la importancia de los "históricos descuentos" en los peajes de la AP-9.- BNG y PSOE alcanzaron un principio de acuerdo para la investidura de Sánchez al lograr descuentos para las autopistas de la comunidad- pero avisó de que la llave de la autopista más importante de Galicia "no puede estar en manos de un fondo buitre", dijo.
Una situación que, según las conclusiones del estudio encargado a los académicos de la UDC Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, se deriva de la aprobación de las dos prórrogas de PSOE y del PP que "son ilegales", dado que ampliar la concesión de la AP-9 en 35 años supone un cambio sustancial en las condiciones del contrato, por lo que tendría que haberse producido una nueva licitación.
Además, sostiene que "viola la normativa tanto europea como estatal en relación a los principios de igualdad y de transparencia en la contratación pública".En este contexto y apelando a aprovechar la puerta que abre el dictamen de la Comisión Europea que advierte de esta ilegalidad.
La formación nacionalista afirma que "la única vía posible es la anulación del contrato", lo que implica que la empresa concesionaria no tenga derecho a un lucro cesante y, por lo tanto, se reduciría sustancialmente el coste del rescate. Un rescate que, según el estudio encargado por el Bloque, se cifra en 904,7 millones, el valor de mercado de la autopista.
Otros informes como el del Gobierno del PP estiman en 4.000 millones el coste del rescate, mientras que los cálculos de los socialistas lo cuantifica en 6.000 millones. También están los 2.355 millones del informe encargado por la Xunta a una gestoría que, casualmente, "tiene como principal cliente a la concesionaria", ha afirmado Pontón, que ha afeado al Ejecutivo de Alfonso Rueda un informe que es "un traje a medida de los intereses de Audasa" y que supone un sobrecoste de 1.450 millones.
Boicot
A todo ello se suma que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya mostrado receloso con el posible traspaso de la AP-9 a la Xunta pese a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso y que contó con el apoyo unánime del Parlamento gallego, incluido el PSdeG, alertando de que el encaje jurídico de esta transferencia se antoja "tremendamente difícil".
En su comparecencia sobre la AP-9 en el Congreso, Puente ha recordado que la infraestructura pertenece a la red de carreteras del Estado al estar integrada en un itinerario de interés general, que además está incluido en un itinerario de tráfico internacional e interés europeo, y sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal y a aeropuertos de interés general.
Es por este motivo por lo que el exalcalde de Valladolid remarca que el encaje jurídico del traspaso de la autopista del Estado a la comunidad se antoja "tremendamente difícil" . No obstante, Puente ha incidido en que lo importante es que la ciudadanía pueda beneficiarse del uso de la AP-9 independientemente de su titularidad.
Del mismo modo, el ministro ya ha avisado que resulta "difícil" el encaje económico y jurídico de llegar a unas bonificaciones del 100% de los ingresos de la autopista, ya que en la práctica equivaldría a rescatarla, lo que es "inasumible" para la Administración teniendo en cuenta que la concesión de la carretera no concluye hasta el año 2040.
Con todo, Puente ha recordado el esquema de reducciones de los peajes que el Gobierno ha aprobado hasta el final de la concesión, y que se van a ir ampliando como parte del acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG.
También ha señalado que el objetivo es transitar hacia un modelo en el que se corrijan las diferencias territoriales en cuanto al pago de los peajes, pero siempre teniendo en cuenta que mientras la concesión no venza, "jurídica y económicamente es complejo proceder a su rescate", explicó.
PP, BNG, Y PSOE
Sin embargo, el diputado gallego del PP, Celso Luis Delgad,o ha exigido a Puente que "no se boicotee" la transferencia de la autopista a Galicia en esta legislatura, recordando la unanimidad del Parlamento gallego para aprobar esa proposición de ley.
Eso sí, ha reconocido que el PP se opuso hace unos años a la transferencia de la AP-9 a Galicia, aunque ha definido estos hechos como "unas páginas que quedaron muy atrás", por lo que ha reclamado a la mayoría de PSOE y Sumar en el Congreso que agilicen esta tramitación.
En el caso de Vox, su diputada Carina Mejías ha expresado su rechazo a la transferencia que se viene reclamando desde el Parlamento gallego, argumentando que ese traspaso "no va a mejorar la gestión", aunque sí que quiere una mayor bonificación.
Por su parte, el diputado de Sumar Manuel Lago ha destacado la bonificación de los peajes de la AP-9 como un "alivio" para los usuarios, aunque cree que "no soluciona el problema", incidiendo en su petición del rescate de la autopista gallega.
Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha ido en la línea de Sumar, reclamando a Puente que realice esta transferencia porque "este tipo de cuestiones" no se puede valorar en sentido de quién gobierna la comunidad autónoma.
Por último, la diputada del PSOE Patricia Otero ha recriminado al PP que rechazaran hace unos años la transferencia a Galicia de esta AP-9 y ha reivindicado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Sánchez para reducir los peajes.