Barcelona
Abertis vuelve a perder en su guerra con las administraciones por el fin de los peajes. Si el Tribunal Supremo ya dictó que el Estado no debía indemnizarla por la AP-7, ahora es el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el que sentencia que la Generalitat tampoco deberá abonarle la cantidad que le reclamaba por la rebaja del tráfico en las autopistas C-33/C-32 Norte. El montante que estaba en disputa: 426,6 millones de euros.
Según avanza La Vanguardia, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo desestimó el recurso presentado por Invicat, la filial de Abertis que operaba las carreteras en cuestión. Además, impuso el pago de las costas a la empresa propiedad de ACS y Mundys.
El TSJC desestimó las demandas de la concesionaria debido a que la controversia n se plantea durante la ejecución del contrato, sino una vez liquidada la operativa. Además, sostiene que el convenio no era una garantía, sino que estaba pendiente de unas inversiones que no se acometieron en su totalidad.
Al no haberse producido, no hubo ninguna afectación al tráfico y por lo tanto no hay nada que compensar. Las obras correspondían al tramo de la C-32 en el Maresme.
Por otro lado, el organismo rechazó la exigencia de Abertis de una compensación de 152,2 millones –inferior a los 426,6 millones que pedía, en máximos- debido a que no aplica una compensación parcial.
El Govern sí pagó los 94,1 millones de euros que reconocía como liquidación a comienzos del pasado 2022. Antes que el procedimiento se judicializase. Invicat y la administración sí están de acuerdo en la compensación por los trabajos hechos en 2013 y 2015, que implicaron obras de mejora accesorias y la creación de un ramal para acceder desde la autopista a las localidades de Blanes y Lloret de Mar (Girona). Las arcas públicas pagaron 28 millones de euros por estos trabajos.
El enfrentamiento por la AP-7
La sentencia, ante la que cabe recurso, es otra negativa a las pretensiones de Abertis por ser indemnizada por el fin de los peajes. Lo mismo le sucedió con las demandas de más de la compañía a nivel estatal con las carreteras AP-7 y AP-2 El Estado consideraba que la compensación debe ser de 1.070 millones, pero la empresa exigió más de 4.000 millones.
La demanda de la compañía contra el Estado ascendía a más de 4.300 millones de euros y la sentencia del pasado enero apenas reconoció a la compañía 32,9 millones más intereses. Acesa gestionó hasta el 31 de agosto de 2021 los tramos de las autopistas AP-7 Barcelona–La Jonquera, Barcelona–Tarragona, Montmeló–El Papiol y AP-2 Zaragoza–Mediterráneo.