En términos de inversión, el sector afronta el desafío de ejecutar un mínimo de 253.000 millones de euros hasta 2030, con un elevado protagonismo de las infraestructuras de obra civil relacionadas con el agua y el transporte que acumulan un déficit inversor nominal de 130.000 millones en la anterior década con respecto al nivel de inversión de 2010, justo antes del inicio de la consolidación fiscal.
En infraestructuras hidráulicas debemos cumplir la inversión comprometida ante la UE hasta 2027, de 24.000 millones de euros, en depuración (6.400 millones de euros), regadío y abastecimiento (4.850 millones de euros), prevención de inundaciones (1.673 millones de euros) y regulación (1.416 millones de euros). A este volumen se sumarán importantes inversiones que comprometerá la propuesta de Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas cuya aprobación se prevé a finales de 2023 y que impondrá nuevos y exigentes requisitos en dotación de sistemas colectores, tratamientos terciarios y cuaternarios, reutilización de aguas residuales y neutralidad energética en depuración. Y ello es relevante pues según la última Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales del Ministerio de Política Territorial tenemos 1.250.000 viviendas sin servicios de depuración y más de 164.000 sin alcantarillado. Todo ello representará una inversión pública superior a los 30.000 millones, equivalente a 30 años de ejecución en caso de mantenerse la media anual inversora de 2016-2019.
El agua, esencial para nuestro bienestar y también para sectores claves de nuestra economía como el turismo, agricultura y ganadería, tiene, asimismo, un indudable beneficio socio económico. A modo de ejemplo, invertir 2.500 millones en regadío incrementaría su superficie en más de 533.000 hectáreas con un beneficio económico anual cercano a los 800 millones, e invertir 6.400 millones en depuración y saneamiento beneficiaría a cuatro millones de habitantes con un beneficio económico anual de 500 millones de euros por la mejora de la calidad ambiental del agua.
En infraestructuras de transporte debe continuar la finalización de los corredores de alta velocidad ferroviarios que durante sus primeros 30 años de explotación han utilizado más de 350 millones de viajeros ahorrando 15.000 millones de toneladas de emisiones de CO2. Debe, igualmente, continuar la línea de reactivación iniciada en 2023 de extensión y ampliación de nuestras infraestructuras de transporte público en el ámbito urbano, de cercanías y metro, tras más de 13 años de parálisis inversora, al existir 800 kilómetros de líneas planificadas que representan 30.000 millones de inversión de elevado retorno socio económico. A ello se unen las inversiones en digitalización y electromovilidad de nuestras carreteras, lo que requerirá invertir un mínimo de 2.400 millones en su adaptación digital y conectividad 5G en nuestra red de autovías, la tercera más extensa del mundo, y de 3.700 millones –no incluye ampliaciones de potencia ni la infraestructura renovable asociada– en más de 5.272 puntos de recarga públicos de velocidad ultra rápida para anticipar y garantizar la movilidad eléctrica interurbana.
En transporte destacan asimismo con una inversión mínima de 7.000 millones las conexiones ferro portuarias, nudos logísticos y adaptación al tráfico de mercancías de los ejes ferroviarios alternativos a la alta velocidad. Igualmente relevante será cumplir el objetivo 2030 de conectividad eléctrica para buques comerciales en nuestra red portuaria, la urgente puesta a cero de nuestra red de carreteras que según la Asociación Española de la Carretera (AEC) acumula un déficit inversor en conservación de 10.000 millones en 101.400 kilómetros de carreteras titularidad del Estado y de las Comunidades Autónomas, o la implementación de un plan urgente de seguridad vial de 1.850 millones para reducir los accidentes mortales y heridos hospitalarios e incrementar la seguridad de los usuarios vulnerables –peatones y ciclistas–. Y en el ámbito urbano, es también prioritario resolver los cuellos de botella en varias circunvalaciones viarias de determinadas ciudades, para lo que sin duda será preciso implementar medidas de accesibilidad del vehículo privado, en la línea apuntada por el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Es también preciso modernizar nuestras infraestructuras de equipamiento público de salud, educación, seguridad o justicia, y según el caso ampliar su capacidad actual como así ocurre con la dotación de camas hospitalarias del sistema nacional de salud (SNS) hasta alcanzar la ratio medio de capacidad asistencial de la OCDE, que implicaría un esfuerzo inversor superior a los 21.000 millones. Y es también estratégico implementar planes a gran escala para conseguir la neutralidad energética en estas infraestructuras, lo que implicaría reducir el gasto público anual mediante la aportación de financiación privada. A modo de ejemplo una cama en un hospital público consume entre 37.000 y 50.000 kwh/año, equivalente al consumo medio anual de 15 viviendas. Conseguir un 100% de neutralidad energética en los hospitales del SNS equivaldría a un ahorro de gasto público anual mínimo entre 1.240 millones/año y 2.000 millones/año.
Otro desafío es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, con una inversión base, de origen privado en gran parte, de 128.500 millones para el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética en el sector residencial y terciario (32.000 millones), de generación eléctrica renovable (91.000 millones en almacenamiento, fotovoltaica, eólica y bombeos reversibles) y de interconexión eléctrica con Francia y Portugal (4.278 millones). Y todo ello sin considerar el impacto inversor del acuerdo reciente del Consejo y Parlamento Europeo que incrementa del 32% al 42,5% los objetivos de consumo de renovables en 2030 o del programa REPowerEU que prevé 210.000 millones de inversión en la UE hasta 2027 y que, entre otros objetivos, duplica la capacidad solar fotovoltaica y la tasa de despliegue de bombas de calor.
Realizar todas estas inversiones no es una opción elegible sino una obligación para preservar nuestra competitividad y bienestar social en un entorno global cada vez más competitivo. Y ante la ineludible reactivación del pacto de estabilidad y crecimiento europeo a partir de 2024, es obligado actuar en nuestra regulación para desbloquear la atracción de financiación privada a todas estas infraestructuras mediante la recuperación del modelo concesional, removiendo los obstáculos normativos actualmente existentes, a la vez que resolver problemas endémicos de una legislación con más de 60 años de antigüedad que requiere una profunda actualización, entre otras cuestiones, en materia de nuevos modelos colaborativos, de clasificación y selección empresarial y de mecanismos automáticos de estabilización de precios, ajenos al ciclo y coyuntura inflacionista.
Propuestas sectoriales no faltan, si bien es preciso, por un lado, intensificar la interlocución entre el sector público y privado relacionado con las infraestructuras, y por otro alcanzar una visión de estado en su planificación, ejecución y financiación, lo que requiere un necesario acuerdo entre las principales fuerzas políticas que nos gobiernan. Porque no invertir condena a cualquier país a un empobrecimiento gradual de su economía y de su bienestar.
