
Aunque fue uno de los acuerdos que incluyó el pacto por los Presupuestos de la Generalitat, el desarrollo del tramo de la Ronda Nord en la carretera B-40 está lejos de ser una realidad. El Govern aceptó a regañadientes la construcción de los 6 kilómetros de vía que deben unir Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès (Barcelona), tres localidades que suman más de 450.000 habitantes, para que el PSC le aprobase las cuentas.
Se dio de tiempo hasta el 31 de marzo para firmar un convenio con el Gobierno para sentar las bases del proyecto, pero el plazo pasó y no parece que el apretón de manos final esté cerca. No hay sintonía ni en el recorrido, ni en la financiación y ni siquiera ha existido una reunión entre las partes, por lo que la desconfianza aumenta.
Desde el Ministerio de Transportes lamentan las deslealtades del Ejecutivo encabezado por Pere Aragonès. ERC siempre estuvo en contra de la ronda y solo la aceptó para sacar adelante los presupuestos. Sin embargo, denuncian la nula voluntad de acuerdo real. Con las cuentas aprobadas desde el 2 de febrero, el Gobierno fue el primer en realizar una propuesta, el 3 de marzo, viendo la inacción. Entonces se entró en un cruce de borradores, cuya última actualización fue el jueves 30 de marzo.
Sin firmar ni si quiera un convenio, parece complicado ir incluso más allá. El Govern quiere liderar el proyecto en solitario, pero el Ministerio pretende estar a su lado en el desarrollo del corredor. Y sin entrar ni siquiera en los detalles ya se intuyen en el horizonte los grandes desencuentros: el recorrido y la financiación.
Transportes quiere financiar la Ronda Nord con el dinero del déficit presupuestario de Cataluña
El Gobierno pretende financiar la operación con 200 millones previstos en la disposición adicional tercera del Estatut; un apéndice creado en 2006 para reconocer la infradotación presupuestaria de Cataluña. El Govern no está de acuerdo. Considera que el Estado no puede decidir a qué infraestructura se destina este dinero y que es su potestad repartirlos. La inversión total rondará los 400 millones.
Por ello, el Departament de Territori pide que se cree un instrumento nuevo para financiar la construcción. No está en duda, eso sí, que el Estado sea el financiador, a pesar de que la carretera sea de titularidad catalana una vez esté finalizada. Así sería hasta que se complete la totalidad del kilometraje, hasta La Roca del Vallés (Barcelona), algo que el Ejecutivo catalán pretende evitar.
De aquí nace otra discusión. Tampoco hay pacto sobre el recorrido de la vía. ERC sí aceptó hacer el corredor entre ciudades, pero se niega en redondo a dejar abierta la posibilidad de extender el trazado hasta La Roca del Vallés (Barcelona). El cuarto corredor fue un motivo de discrepancia histórico entre la formación soberanista y el PSC.
La Generalitat no quiere oír ni hablar de que la B-40 pueda dejar abiertos el resto de tramos. En cambio, el Ministerio marca aquí una línea roja: no está dispuesto a "hipotecar" la movilidad futura. Deja abiertos los plazos y posibilidades de la extensión con una "posible continuidad" que no detalla.
La visita del presidente Sánchez a la vía
El enfrentamiento se recrudece con el fin de los plazos y coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las obras del túnel de la B-40 en el tramo entre Abrera y Viladecavalls (Barcelona), una parte que ya está en obras y comenzará a prestar servicios a finales de 2023.
Estuvo acompañado por la ministra Raquel Sánchez y el delegado del gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto. Este recorrido tendrá unos seis kilómetros de longitud y un presupuesto de 205 millones de euros.