El Gobierno de la Comunidad de Madrid negocia contrarreloj con las constructoras interesadas para tratar de culminar con éxito el proceso de adjudicación del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación. Tras fracasar la licitación abierta por dos veces el pasado otoño, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso invitó en enero a una decena de compañías a participar en el procedimiento negociado sin publicidad.
Lo hizo sin cambios sustanciales en términos económicos, lo que ha provocado que de nuevo la viabilidad del proyecto esté en entredicho. De acuerdo con fuentes conocedoras, en este momento las negociaciones se concentran fundamentalmente con ACS y FCC. El 15 de febrero está fijado como fecha límite para que las empresas presenten sus ofertas finales.
El Gobierno regional trasladó su invitación para concurrir al proceso negociado a las seis grandes constructoras españolas que en las tentativas de octubre y noviembre mostraron su disposición a ofertar, aunque finalmente no lo hicieron al considerar que el proyecto, en los términos fijados, no eran rentables. Son FCC, en solitario, y los consorcios formados por ACS y Acciona, Ferrovial y Sacyr, y OHLA, Azvi y TIIC. Estas dos últimas alianzas se han descartado en esta fase si no cambian las condiciones, de acuerdo con las fuentes consultadas. La negociación se concentra en la actualidad fundamentalmente en FCC y en ACS. Su socio para este concurso, Acciona, continúa analizando el contrato, pero con un interés menor, según indican las mismas fuentes.
En todo caso, ninguna empresa tiene tomada la decisión y la amenaza de que la licitación vuelva a quedar desierta no se descarta. Las constructoras coinciden en que las modificaciones realizadas para este último intento por el Gobierno madrileño en el pliego del contrato atañen a cuestiones menores que, a su juicio, impactan de manera limitada en la tasa de retorno de la inversión y, por tanto, no despejan las incertidumbres relativas a la viabilidad económica del contrato.
Tras mantener diversas reuniones a lo largo del mes de noviembre y diciembre con las empresas interesadas para tratar de hacer el contrato más atractivo, el Ejecutivo autonómico ha mantenido las características básicas del pliego original, con un presupuesto inalterado de 507 millones de euros para la construcción de la Ciudad de la Justicia y un plazo máximo para la operación de 40 años, de manera que el valor total se situaría en 2.848 millones.
Última oportunidad
Para este último proceso, el Gobierno regional ha incluido las especificaciones técnicas que ya fue publicando en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid durante la fase de consultas en la primera licitación y otros cambios acordados con las empresas. Entre ellos figura la supresión de la obligación de incluir en las ofertas una empresa especializada en seguridad. Con ello, las constructoras podrán subcontratar estos servicios a un tercero.
La Comunidad de Madrid prevé recibir las ofertas el día 15 de febrero, aunque las fuentes consultadas no descartan que si alguna empresa lo solicita se amplíe el plazo. Es la última oportunidad para que Ayuso y su equipo saquen adelante el que se erige en su proyecto estrella en el ámbito de las infraestructuras en esta legislatura, toda vez que las elecciones autonómicas están fijadas para el 28 de mayo.
