La Sociedad Española de Participaciones Industriales, Sepi, comunicó ayer oficialmente a Abengoa su negativa a rescatarla con 249 millones de euros. Un portazo esperado tras el Consejo de Ministros del lunes, y que deja a la cotizada andaluza con las alternativas de intentar la salvación por la ley concursal o ir a liquidación. No hay otra. Horas después, la empresa puso en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la resolución definitiva de la Sepi y dio por cerrada la operación de reestructuración prevista con la entrada de Terramar en el accionariado. La oferta del fondo americano estaba condicionada a la aportación del Estado.
"Dicha comunicación -la negativa de la Sepi al rescate- significa la cancelación de la operación de reestructuración y proceso de consentimiento (consents) lanzado por Abenewco 1 a sus acreedores financieros el pasado 25 de mayo de 2022", informa Abenewco al organismo regulador.
La reestructuración de la que se informó el 25 de mayo se basaba en el rescate de la Sepi, la entrada de Terramar con 200 millones (140 de préstamos y 60 de compra de acciones para hacerse con el 70% de la filial que concentra los principales activos del grupo), y 300 millones en avales. La reestructuración incluía la desvinculación de la matriz y de la filial Abenewco1, que era la realmente rescatada a a través de sus sociedades operativas en esta operación ya fallida.
"Habida cuenta de los acontecimientos, el Consejo de Administración de Abenewco1 se reunirá en los próximos días para tomar las medidas adecuadas con el objetivo de mantener la continuidad de operaciones y la salvaguarda de los distintos grupos de interés confluyentes en el grupo", informó la compañía a la CNMV.
La vía concursal
Esta comunicación refuerza la opción defendida por Clemente Fernández, presidente de Abengoa SA, de usar la ley concursal para salvar en todo o en parte el grupo. Una opción que arrancaría esta misma semana con la presentación de un convenio al juez que lleva el concurso de la matriz. La fecha tope es el 1 de julio, aunque se le ha solicitado prórroga. El convenio incluirán importantes quitas a los acreedores, que tendrán hasta el 30 de septiembre para adherirse.
Fernández ya ha explicado que tendrá que haber preconcursos para las sociedades con más salida y concursos para otras. El Gobierno aún puede apoyar con avales a través de Cesce, aunque Clemente Fernández asegura que la clave de la salvación es privada.
El Estado, damnificado
La negativa del Estado a financiarla tendría, paradójicamente, al Estado como principal damnificado, pues la desaparición de Abengoa supondría un impacto de unos 900 millones de euros para las arcas públicas.
El Estado es el mayor accionista de la compañía a título individual, con el 3,15% de las acciones. Nada menos que 5.687 millones de acciones. En su día supusieron alrededor de 400 millones de euros, procedentes de un canje de deuda por capital en una anterior reestructuración de la sociedad, y que se canalizó a través del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización y el Fondo para Inversiones en el Exterior, ambos adscritos a la Secretaría General de Comercio.
El valor de las acciones es hoy prácticamente nulo. Cuando afloraron en 2018 después del canje, ya no valían casi nada. Días atrás los comités de empresa de filiales de Abengoa repasaron las posibles pérdidas de la compañía si se iba a liquidación, sumando 500 millones de euros: pagos pendientes a la Seguridad Social de 30 millones, 50 millones más que se deben a la Agencia Tributaria, préstamos en diversas entidades estatales como el Ministerio de Industria o CDTI por 22 millones que nunca se devolverían, deudas con Cofides por valor de 10 millones, avales con Cesce por 157 millones...
Los sindicatos suman lo que tendría que abonar el Fogasa por indemnizaciones por despidos sin cubrir o la merma en cotizaciones que actualmente se abonan e impuestos que se están pagando (IVA y Sociedades son 67 millones al año). Habría que sumar 15 millones por prestaciones por desempleo. Y el drama social de 11.000 despidos en todo el mundo, alrededor de 5.000 en España y la mitad de ellos en Sevilla.
Tensión
En la calle, todo lo que rodea a Abengoa sigue candente. Un grupo de trabajadores está acampado frente a la Delegación del Gobierno de Andalucía para exigir soluciones al ejecutivo de Pedro Sánchez. Ayer marcharon hasta el Ayuntamiento para entrevistarse con el alcalde, Antonio Muñoz, que lleva desde el lunes lanzando mensajes para intentar involucrar a la Junta de Andalucía en una posible solución. Hay un coste político en la situación actual de Abengoa que está en el tejado del Gobierno central.
En la misma línea, el líder socialista en la oposición en el Parlamento andaluz, Juan Espadas, pidió ayer a la Junta implicación. La Junta siempre ha dicho que no dispone de instrumentos legales para este tipo de ayudas, recordando lo que ocurrió con los ERE cuando se intentó esta vía. Ahora el Gobierno, se argumenta, tenía un fondo de 10.000 millones, ha rescatado a la aerolínea Plus Ultra, no ha apoyado a Abengoa y devolverá miles de millones sin usar.
